La merma histórica de los ingresos públicos por el impacto de la crisis fue la necesidad que el Gobierno convirtió en virtud con su refuerzo en la búsqueda de aquellos que no cumplen con sus obligaciones. Ocurrió en la Agencia Tributaria con el impago de impuestos y la evasión fiscal y en la Seguridad Social, un organismo que arrastra las peores cifras de déficit de toda la administración española y para el que el Consejo de Ministros lanzó en abril de 2012 un plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude. Los objetivos eran cuatro: impulsar el afloramiento de la economía sumergida para, entre otras cosas, "generar mayores recursos económicos" al sistema; combatir el uso indebido de los incentivos de los que se benefician las compañías; atajar el engaño con las prestaciones, "particularmente" en la constitución de empresas con el único fin de defraudar; e identificar situaciones fraudulentas también en otras prestaciones, sobre todo "en casos de falta de alta en la Seguridad Social de trabajadores". En este último caso, el impulso a la Inspección de Trabajo fue, sin duda, fundamental. Los datos lo confirman. Entre 2011 y 2012, el número de altas que forzaron los inspectores creció un 9,9%, hasta las 72.300. El incremento fue ligeramente superior en Galicia, un 10,4%, con 4.173. El control del fraude en la Seguridad Social batió un récord en la comunidad el pasado año y van ya casi 17.000 empleos regularizados en los cuatro años del plan de control.
"Se ha producido un importante impulso a la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social a lo largo de 2015, continuando con la senda iniciada en 2012", reconoce la memoria anual que la Inspección de Trabajo acaba de publicar. De las 720.635 visitas, comprobaciones y expedientes administrativos a empresas y sus centros de trabajo en el conjunto del Estado, en Galicia se realizaron cerca de 49.000, que derivaron en 82.100 actuaciones por parte de los inspectores, un 0,3% más que en 2014.
Las infracciones bajaron un 6%, hasta las 4.362, y por eso descendió el importe de las multas, un 8%, con 15,6 millones de euros. Los efectivos de la Inspección emitieron unos 10.850 requerimientos de subsanación de irregularidades que afectaban a 17.500 trabajadores. Y lo que es muy relevante para el ansia recaudatoria que la administración admite entre los propósitos de su refuerzo: los expedientes liquidatorios con las cuotas a la Seguridad Social que no se abonaron y la identificación de los responsables de deudas que ya existían alcanzan los 57,8 millones de euros. Aquí sí hay una subida respecto al ejercicio anterior, prácticamente de un 2%.
De cada diez actas de infracción que firmaron los inspectores, seis tienen que ver con la Seguridad Social. Por encima de las 2.000. Fueron 829 en la provincia de Pontevedra, 789 en la de A Coruña, 269 en Lugo y 201 en Ourense. Los ingresos inducidos para las arcas del organismo -especialmente por la ausencia de alta de trabajadores- ascendieron a 18,8 millones de euros. A lo que se añaden 7,2 millones en las actas de liquidación, 31,8 millones de euros por derivación de responsabilidad y alrededor de 38.000 euros en devolución de prestaciones. ¿Cuántas se tuvieron que reintegrar? 631. También una cifra histórica, después de un alza del 3,4% respecto a 2014. La mayoría eran cobros por desempleo, 453. En bajas laborales se reclamaron otras 157; 10 por invalidez; y 11 por jubilación.
Los empleos sumergidos que las Inspección de Trabajo descubrió fueron 4.479. Nuevas altas, por lo tanto, en la Seguridad Social. En situación irregular estaban además 71 extranjeros sin permisos de trabajo.
En total, el plan aprobado en 2012 desembocó en la inscripción en la Seguridad Social de 16.993 trabajadores en Galicia, el descubrimiento de 595 extranjeros sin permiso laboral; un fraude de 232,5 millones; y sanciones por valor de 64,3 millones.
La conversión obligada de temporales en indefinidos crece un 9% y marca máximos
- Las 1.812 actuaciones de la Inspección de Trabajo en Galicia durante 2015 sobre el uso fraudulento de la contratación derivó en 56 infracciones entre los 17.745 contratos revisados con sanciones por valor de 78.560 euros. Hubo otras dos situaciones irregulares detectadas en empresas de la construcción encargadas de subcontratas y que no alcanzaban el mínimo del 30% de puestos indefinidos al que les obliga la ley. Las irregularidades en contratos bonificados fueron 19.De toda esta supervisión se derivó la transformación en fijos de 3.597 trabajadores que oficialmente eran temporales. Es la mayor cifra desde que se publican las memorias de la Inspección de Trabajo. Entre 2012 y 2015, los ejercicios que van con el plan de lucha contra el fraude, esas conversiones ascienden a 12.150.En materia de prevención de riesgos, los inspectores realizaron en Galicia el pasado año 4.280 visitas que sacaron a la luz 759 infracciones y 2.239 trabajadores afectados. Las sanciones superaron los 2,7 millones de euros. Se paralizaron 25 obras que no cumplían con las medidas de seguridad.
