Solo uno de cada diez gallegos afectados por el "catastrazo" presenta alegaciones

El 90% de los 213.000 ciudadanos que deberán pagar más por el IBI, atrasos y una multa asumen el proceso de Hacienda

29.10.2016 | 02:14
Solo uno de cada diez gallegos afectados por el "catastrazo" presenta alegaciones

El esfuerzo del Ministerio de Hacienda por destapar construcciones hasta ahora ocultas por el fisco a través de drones, fotografías aéreas e imágenes por satélite ha permitido legalizar desde 2013 -año en el que se inició el plan de regularización catastral- hasta el pasado julio 213.017 inmuebles en Galicia. La mayoría de los propietarios han asumido la multa y el 90% de los contribuyentes afectados por el plan antifraude del Catastro han aceptado ponerse al día en los pagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que ha permitido ingresar al Gobierno desde 2013 más de 12,7 millones de euros en la comunidad gallega. Los ayuntamientos también han obtenido por estas regularizaciones 90 millones.

La mitad de los concellos gallegos -171- ya han sido rastreados por los inspectores de Hacienda y del total de vecinos de estos municipios a los que les ha llegado la notificación del ministerio para hacer frente al fraude, solo el 10% han presentado alegaciones a los requerimientos del Catastro. Es decir, las inspecciones realizadas han recibido 21.300 alegaciones, según los datos facilitados por el departamento que dirige el ministro en funciones, Cristóbal Montoro.

El Gobierno cobra a los propietarios una tasa de 60 euros por cada construcción oculta que destapa para autofinanciar así esa legalización, pero además estos verán incrementado su recibo del IBI en unos 115 euros de media respecto a lo que pagaban antes, a los que hay que sumar unos 286 euros por atrasos. Los contribuyentes que se acojan al proceso deberán liquidar el IBI de los últimos cuatro años con el nuevo valor catastral y el recargo por las obras que no tenían declaradas, ya que los ejercicios anteriores quedarían prescritos.

Desde que reciben la notificación de Hacienda, el propietario del bien inmueble afectado tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones y, de no hacerlo, se dará por bueno el dictamen del Catastro. En caso de que la alegación sea desestimada los afectados aún tienen la posibilidad de volver a reclamar con un recurso de reposición y, en última instancia, con una reclamación económica administrativa.

El Catastro persigue con este plan destapar las construcciones nuevas que están sin declarar además de las ampliaciones, reformas y cambios de uso de las edificaciones que aumentan el valor catastral del inmueble. Los drones incluso fotografían piscinas que deben ser dadas de altas y por las que también hay que pagar el IBI. Lo mismo ocurre con las instalaciones agrarias, ya que a partir de ahora los gallegos tendrán que pagar la contribución rústica por granjas, establos, naves, galpones o invernaderos que hasta ahora estaban exentos de este impuesto.

Las inspecciones revelan que la mayoría de las irregularidades son ampliaciones de viviendas, construcciones anexas al edificio principal, cerramientos de terrazas y piscinas sin declarar.

La previsión inicial del Ministerio de Hacienda era completar el plan de regularización este año, pero la complejidad de los trabajos y la dispersión geográfica obligaron a realizar controles en algunos ayuntamientos también el año que viene. Son 19 municipios cuya fecha de vencimientos será el 30 de abril de 2017. Se trata de Moaña, Redondela, Vilaboa y Vilanova de Arousa, en Pontevedra; Monterroso y Paradela, en Lugo; Betanzos, Cerceda, Cerdido, Noia y Oroso, en A Coruña; y A Peroxa, Celanova, O Carballiño, Oímbra, Pontedeva, Quintela de Leirado y San Cristovo de Cea, en Ourense. De los 314 concellos gallegos, 236 se han adherido al programa de búsqueda de bienes no declarados, quedando pendientes solo 65.

A nivel nacional, el plan de regularización catastral permitió aflorar casi 1,7 millones de inmuebles en 4.340 municipios, lo que supuso una recaudación extra de 1.425 millones de euros. Galicia, con 213.017 bienes ocultos -32.262 en Pontevedra, 68.702 en A Coruña, 85.209 en Lugo y 26.674 en Ourense- es la segunda comunidad con más inmuebles sin declarar legalizados. Solo la supera Andalucía con 373.224 construcciones.

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