Ni base técnica, ni documental ni jurídica. Así de contundente se mostraba ayer Rafael Louzán, expresidente de la Diputación, a la salida del juzgado de Cambados, tras celebrarse la vista previa sobre un presunto delito de cohecho relacionado con supuestos sobreprecios de los alquileres en unos bajos comerciales del barrio de Navia, en Vigo. En ese caso no solo está implicado el expresidente de la Diputación de Pontevedra, sino también su esposa y el exdiputado provincial Severino Reguera. Al igual que en las tres ocasiones anteriores, en la visita de Louzán al juzgado de instrucción número 2 de Cambados, solo intervinieron los abogados de la defensa y la Fiscalía, asegurando el actual presidente de la Federación Galega de Fútbol que "todo quedó perfectamente claro ya que las pruebas no pueden ser más contundentes para acabar con el largo peregrinar que estamos realizando".

Una de las cuestiones que quiso dejar claro el exmandatario provincial es que "este caso existe porque me llamo Rafael Louzán y fui presidente de la Diputación", asegurando que nos encontramos "ante un juicio claramente político que sorprende a todo el mundo, incluso a mis adversarios políticos, muchos de los cuales me han preguntado cómo se sostiene esto".

Louzán asegura que su defensa ha presentado una serie de documentos en los que se demuestra que el precio establecido en el alquiler de los bajos comerciales no es "ni más ni menos que el de los establecimientos próximos, ya que hay diferencias de apenas dos euros, e incluso, contratos mucho más altos que este, pero eso es lógico en un sistema de libre mercado como en el que nos encontramos". La decisión de comprar tres locales en el barrio olívico de Navia junto a su esposa fue "como una inversión y suscribimos un préstamo hipotecario hasta el año 2023, fuera de eso, no hay nada más".

El informe referido fue realizado por la tasadora Tinsa y en él se recoge que, años después de la firma del contrato de alquiler hubo una baja en los precios de la zona de hasta un 35%. Las defensas cuestionan que todo el caso se sustenta en una estimación de mercado realizada por dos agentes de la Policía Judicial que no se ajustaría a la realidad. Es más, Louzán apunta que la Agencia Tributaria nunca se ha manifestado sobre esta situación, porque "pago mis impuestos, por eso no reclama nada; abono entre 50 y 60.000 euros al año por tres conceptos: mi nómina, los alquileres y la venta de uvas, son las únicas actividades económicas que tengo". Insiste en que "la realidad es más que evidente, ya que los documentos que hemos entregado permiten ver los contratos que hay en la zona y nosotros alquilamos a un precio que consideramos razonable por su ubicación, por eso no se entiende este caso si no se ve desde una perspectiva de juicio político, ya que si fuese un ciudadano normal, este caso no existiría".