El Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados ha celebrado este miércoles la vista previa por un supuesto delito de cohecho relacionado con supuestos sobreprecios de los alquileres de unos bajos comerciales en Vigo por los que están implicados el actual presidente de la Federación Galega de Fútbol y expresidente de la Diputación de Pontevedra, su esposa y el exdiputado provincial Severino Reguera.

"Creo sinceramente que este caso existe porque me llamo Rafael Louzán y fui presidente de la Diputación de Pontevedra", ha afirmado el exmandatario provincial.

De hecho, Rafael Louzán restó importancia a la cita de este miércoles en los juzgados de Cambados. "Estamos ante una cuestión de trámite", ha afirmado y describió este proceso como "un largo peregrinar".

En esta ocasión ha sido la Fiscalía y los abogados de las defensas quienes han tenido protagonismo en esta cita ante el juez, que se prolongó durante algo más de una hora.

Según ha dicho Louzán, su defensa está "muy bien argumentada y muy bien documentada" y cree que "todo está perfectamente claro", ya que la justificación entregada "no puede ser más contundente".

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados debe decidir si abre el juicio oral con tribunal popular, previsto en estos procesos penales, si archiva el caso, o bien si continua con la investigación para que las defensas puedan aportar más pruebas.

Rafael Louzán comentó que "curiosamente" a lo largo de todo este proceso "ya pasaron bastantes jueces por este juzgado". "Creo sinceramente que este caso si existe es porque me llamo Rafael Louzán y fui presidente de la Diputación", ha insistido Louzán, convencido de que "no hay base ninguna, ni jurídica, ni técnica ni documental que pueda acreditar la existencia de un delito".

Explicaciones

En el caso de que el juzgado decida la apertura de juicio oral, Louzán cree que "ahí" tendrá "más oportunidad incluso de poder explicar" que si se hace un sobreseimiento definitivo al respecto.

Entre otros argumentos los letrados han señalado el precio de los alquileres de los locales de la zona "con precios similares o más caros", y recordó que junto a su esposa tomó la decisión de comprar tres locales "como una inversión y suscribimos un préstamos hipotecario hasta el año 2023 y fuera de ahí no hay nada más", ha asegurado.

Louzán también ha informado que las defensas reprocharon ante el juez que están "ante un juicio claramente político" algo que, según el expresidente de la Diputación de Pontevedra, también le han señalado muchos ciudadanos por la calle e incluso algunos adversarios políticos "que me preguntan *cómo se sostiene esto?".

"Compré esos tres locales porque un amigo y vecino de Ribadumia también compró al lado y me lo recomendó, era una inversión perfecta", ha recalcado Louzán. Un poco después también compró Severino Reguera, "una cosa de lo más normal y de lo más habitual. Estamos en un libre mercado", puntualizó.

Las defensas también criticaron que la estimación de la existencia de un sobreprecio en el alquiler de estos locales está hecha en base a una prospección de mercado de dos agentes de la Policía Judicial, mientras que estos abogados aportaron una serie de contratos "que dejan en evidencia todo eso" y llamaron la atención en el hecho de que la Agencia Tributaria nunca se hubiese manifestado sobre esta situación.

"Yo creo que pago anualmente entre 50 y 60.000 euros en impuestos", ha comentado Louzán respecto a sus ingresos en concepto de nómina, estos alquileres y venta de uva.

En la instrucción de esta causa también figura un informe de la empresa tasadora Tinsa que recoge que, años después de la firma del contrato de alquiler hubo una baja en los precios de la zona de un 35%. "Es una causa muy sorprendente, no se entiende ni se explica", ha insistido. "Esto es un juicio político por llamarme Rafael Louzán, porque si yo fuera un ciudadano normal este caso no existe", ha reafirmado su tesis.

"Que acabe cuanto antes"

Terminada la fase de instrucción, con toda la documentación aportada y los testimonios que reclamó el juzgado, incluida la propia cooperativa de viviendas MonteAlba, el expresidente del Partido Popular en la provincia de Pontevedra ahora espera "que todo esto acabe cuanto antes".

"Creo que todos los ciudadanos somos absolutamente iguales ante la Ley y tener el mismo trato y no diferente por haber sido presidente de la Diputación o un cargo público en esta provincia", ha concluido.