La Xunta reclama a familias y empresas un total de 105,6 millones de euros por impago de impuestos. Durante los peores años de la crisis se disparó la morosidad en el pago de tributos debido a las dificultades económicas que asfixiaban tanto a hogares gallegos como al tejido empresarial. Sin embargo, al cierre de 2015 el volumen de impagos descendió por primera vez, lo que es sintomático del alivio económico que empiezan a sentir los gallegos y que les permite hacer frente en plazo a sus obligas tributarias.
Si los contribuyentes no afrontan el pago de impuestos dentro del periodo voluntario, -es decir, dentro de los plazos que prevé la ley-, la Consellería de Facenda, en colaboración con la Agencia Tributaria Estatal, inicia la vía ejecutiva, que consiste en enviar reclamaciones a familias y empresas para el cobro de las deudas tributarias pendientes. En caso de que ignoren estas reclamaciones y no abonen su deuda, la Xunta procederá al embargo de bienes y cuentas.
Según informa la Consellería de Facenda, al cierre de 2015 tenían pendiente de cobro un total de 105,6 millones de euros que pueden corresponderse con impagos en los impuestos de ese mismo ejercicio o incluso que arrastran de años anteriores. Esta cantidad es un 6,6 por ciento inferior a los 113,1 millones de euros que quedaron pendientes en diciembre de 2014. En estos impagos se incluyen los tributos que gestiona la comunidad autónoma (impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sobre el patrimonio y de sucesiones) y también los estatales, entre los que se encuentra el IRPF.
Cuando se inicia la vía ejecutiva y se reclama la deuda a ciudadanos y empresas, se les aplican además intereses de demora y recargos sobre las cantidades impagadas. En una primera fase es del 5 por ciento, en una segunda se sube al 10 por ciento y con la tercera llamada para que abone los tributos impagados se incrementa la penalización al 20 por ciento.
Aunque puede haber cierta picaresca para no pagar los impuestos, desde el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha explican que cuando el ciudadano no paga es porque no tiene dinero.
El último recurso, según explican desde Facenda, es la vía del embargo. Aproximadamente solo en un 4 por ciento de los casos se llega a la confiscación de bienes o cuentas, según las cifras del departamento de Valeriano Martínez. Y esta medida tampoco es garantía de poder cobrar el dinero que se adeuda, sobre todo cuando se embargan bienes inmuebles, como una vivienda, puesto que hasta que consigan venderla no computa como recaudación.
De hecho, los ingresos de la Xunta por subastar bienes embargados a morosos son mínimos. En seis años se realizaron 145 subastas de inmuebles y vehículos y solo se logró recaudar 1,6 millones de euros.Los últimos datos aportados por Facenda revelan que en 2014 solo obtuvo 334.000 euros tras las pujas para vender las propiedades confiscadas procedentes de las deudas tributarias.
Aplazamientos
Pero antes de llegar al impago de impuestos, la Xunta da facilidades a los contribuyentes para afrontar sus obligaciones fiscales. Así se puede solicitar el aplazamiento o el fraccionamiento en el abono de los tributos, una opción que se disparó durante los peores años de la crisis.
Antes de que la recesión económica castigara a los hogares gallegos, en el año 2008, el aplazamiento o fraccionamiento en los impuestos autonómicos se aplicó solo sobre un total de 13,6 millones de euros, incluyendo solo los tributos que gestiona directamente la Atriga (transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y patrimonio). Desde 2009, esta cantidad fue creciendo hasta duplicarse en 2011 y alcanzar los 29,9 millones de euros. Fue el mayor pico, desde entonces ha ido bajando ligeramente. Y, según los datos de la Axencia Tributaria de Galicia, el pasado ejercicio se aplazaron o fraccionaron tributos por valor de 24,5 millones de euros, un 4,6 por ciento menos que el año anterior.
Hace unos meses la Xunta amplió a 30.000 euros el límite para que los contribuyentes puedan solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de un impuesto sin tener que presentar garantía en la Axencia Tributaria de Galicia, con independencia de que se encuentre en período voluntario o en período ejecutivo de pago.
Hasta ahora la Administración venía solicitando un aval para aquellas deudas superiores a los 18.000 euros.
