Trabajadores del Banco Popular e Isolux-Corsan han protestado este viernes ante el Parlamento de Galicia, coincidiendo con la sesión de constitución de la Cámara, contra sus respectivos expedientes de regulación de empresa (ERE) planteados por las direcciones de ambas compañías.

De acuerdo con las previsiones de Isolux-Corsan, habrá 32 despidos en la comunidad gallega, de una plantilla de 42 personas. El portavoz de la asamblea de trabajadores de Galicia, Raúl Rojas, ha rechazado "rotundamente" las causas económicas que alega la constructora para acometer este nuevo ajuste, al destacar que las obras "importantes" y "de todo tipo" que se han realizado en la comunidad gallega --entre ellas, recientemente, la de la depuradora de Lagares en Vigo y la fábrica de tabaco en A Coruña-- "no han entrado en pérdidas".

"El problema es que son pérdidas derivadas de operaciones financieras de contratos hechos en el extranjero", ha criticado, antes de censurar que se estén "repercutiendo" esos costes "para justificar un ERE" a una plantilla que "ya ha tenido sus recortes", en su día motivados por la bajada de actividad en la construcción.

En este sentido, los trabajadores de Isolux-Corsan reivindican ser una plantilla "productiva y rentable", y advierten de que su postura en la mesa de negociación --que, en teoría, tiene que terminar sus reuniones la semana que viene-- va a seguir siendo de "no al ERE".

A las puertas del Pazo do Hórreo se han acercado diputados de distintos grupos para mostrar su apoyo a los trabajadores, que corearon consignas y mostraron pancartas en contra del ERE.

Descapitalización

A mayores, sobre el contexto en el que se mueve la compañía, Rojas ha recordado que al frente de la dirección de la empresa estaba hasta hace poco Luis Delso, "inmerso en distintos procesos judiciales" --en el juicio de la trama 'Gürtel', Francisco Correa desveló que 'Luis el Cabrón' era Luis Delso, expresidente de Isolux--.

Por eso, "se hizo cargo la banca, liderada por el Santander", a la que ha acusado de estar "haciendo un lavado de cara de la empresa para venderla", en una especie de "descapitalización".

El conflicto de Banco Popular, también en O Hórreo

Los trabajadores del Banco Popular y del Pastor en Galicia también han llevado este viernes sus protestas frente al Parlamento de Galicia para demandar que los grupos "tomen partido" contra el expediente de regulación de empleo (ERE) del grupo, que para la plantilla gallega plantea 435 despidos, un 25% del total.

Después de varias movilizaciones en distintas localidades gallegas, y para visualizar su problemática, delegados sindicales de la entidad financiera --que han coincidido con los de Isolux-Corsán-- se han concentrado frente al Pazo do Hórreo, con pancartas contra los despidos y coreando consignas como 'ERE de extinción para la dirección', 'ERE de extinción para Ángel Ron' y 'este ERE lo vamos a parar'.

La responsable de la CIG en el Pastor, Rosa Conde, ha señalado que requerirán a los grupos y también al próximo Gobierno de la Xunta, cuando tome posesión, que intervengan para tratar de lograr "la continuidad del máximo número de trabajadores" y "la viabilidad del propio banco", una de las empresas, ha dicho, "más representativa" de la comunidad.

Además, al próximo Ejecutivo del PP le exigirán "que se replantee su posicionamiento" ante los convenios de financiación que ha señalado que tiene firmados con el Popular, y también respecto a "futuros" acuerdos. "Teniendo en cuenta las medidas que adopta la entidad", ha apostillado.

El 80% del salario bruto

El pasado martes tuvo lugar la última reunión con la dirección, en la que la dirección trasladó unas condiciones económicas que los representantes sindicales ven "insultantes", puesto que con un 50% del salario bruto, a los 55 años, "no es viable" que se vayan a producir salidas voluntarias --a modo de prejubilaciones--, lo que implicaría que hubiese "despidos forzosos".

Al respecto, Conde ha resaltado que exigen "por lo menos" unas cuantías "en consonancia con lo que se dio hasta ahora en el sector", y ha cifrado el porcentaje en un 80% del salario bruto para que la salida se pueda dar "con una cierta dignidad".