El cumplimiento del objetivo de déficit le permitió a Galicia beneficiarse del llamado Fondo de Facilidad Financiera, dinero que aporta el Gobierno central a las arcas autonómicas a interés cero, por tanto, con unas condiciones que ningún mercado puede mejorar. Junto con Canarias, son las dos únicas comunidades que han podido acudir este año a este depósito, que en el caso de Galicia ascendió a 1.670 millones de euros. Sin embargo este dinero tiene un destino mayoritario muy concreto. Según aseguró ayer el conselleiro de Economía en funciones, Valeriano Martínez, "la mayor parte de este fondo se destina a amortizar deuda", es decir, a devolver los créditos y sus intereses que la Administración autonómica tiene contraídos precisamente para financiar su actividad.

El conselleiro inauguró la jornada Sostenibilidad Fiscal y Haciendas Centrales en España -organizada por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (RIFDE) y el grupo de investigación GEN de la Universidade de Vigo-, dirigida por Santiago Lago. Como anfitriona intervino la presidenta del Consello Económico e Social (CES), Corina Porro, quien aprovechó para agradecer a la Consellería de Facenda su "implicación y defensa del CES", órgano que se iba a fusionar con el Consello Galego de Relacións Laboráis, una operación que quedó finalmente descartada por su complejidad.

Ante técnicos y expertos de diversas universidades, organismos fiscales y comunidades autónomas, Martínez destacó que la comunidad cuenta con un "asumible nivel de deuda", que "ya está estabilizada" y que comenzará a descender a partir de 2017. "Pocas comunidades están en condiciones de decir lo mismo en el conjunto de España", comentó.

También sacó pecho por la mayoría absoluta obtenida por el PP en las últimas elecciones, lo que garantiza una estabilidad que puso como el "espejo en el que se están mirando otros territorios", sin bien precisó, sin tener "afán triunfalista, ni autocomplaciente".

Uno de los intervinientes en la jornada fue el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Santiago Díaz de Serralde, quien abordó la estructura del déficit público su evolución y suscitó un intenso debate sobre sus análisis. Sostuvo que año tras año, las administraciones públicas -salvo los ayuntamientos- incumplen los objetivos de déficit a pesar la relajación de los niveles porque, indicó, España quiere parecerse, a pesar de que su economía se lo impide, a los países más ricos de la UE y fija unos ingresos y unos gastos por encima de sus posibilidades reales. "Las bases de nuestra economía son débiles y los niveles de ingresos y gastos nos alejan de los países europeos más desarrollados", declaró Santiago. Bajo esta premisa, considera también que las comunidades autónomas están sobrefinanciadas.