Solo uno de cada diez cuidadores familiares de dependientes cotiza a la Seguridad Social

Los afiliados de este colectivo se redujeron en Galicia un 86% desde que el Gobierno no les bonifica las cuotas -Más de 11.000 gallegos atienden a parientes sin estar dados de alta

17.10.2016 | 02:15
Simón Espinosa

Apenas mil gallegos que dedican su tiempo a cuidar a familiares dependientes en casa cotizan a la Seguridad Social, a pesar de que en la comunidad hay más de 12.000 ciudadanos reconocidos con una prestación, la de cuidados en el entorno familiar, que posibilita a estos asistentes no profesionales recibir una ayuda económica por una dedicación que permite al dependiente mantenerse en su hogar y hacerlo al lado de alguien de confianza.

Los datos muestran que en la Seguridad Social constan 1.015 personas de alta en la comunidad a 31 de agosto de este año, en un régimen especial pensado para este colectivo, que no cubre prestación por desempleo ni incapacidad temporal. No obstante, de forma paralela, las estadísticas del Ministerio de Sanidad del mismo período revelan que en Galicia están concedidas 12.402 libranzas por cuidados en el entorno familiar. Eso implica que solo el 8% de estos parientes que se ocupan de padres o hijos que no pueden valerse por sí mismos está dado de alta. Ni uno de cada diez.

Incluso así, esos 1.015 cuidadores no profesionales colocan a Galicia como la tercera de España en la que más ciudadanos persisten en abonar cuotas para acceder, por ejemplo, a una jubilación. Solo la superan Andalucía -2.019- y Cataluña -1.626-. No obstante, la cifra actual es una pequeña parte de lo que llegó a registrarse antes de que se recortasen las bonificaciones para afiliarse a la Seguridad Social.

La caída de afiliados llega al 86%, si se la compara con la de los registrados en agosto de 2012, el último mes en que el colectivo tuvo sus cuotas financiadas. En aquel momento constaban como inscritos en la Seguridad Social en Galicia 7.311 cuidadores no profesionales, de los que 6.814 eran mujeres (el 93 por ciento) y 497 eran varones. A partir de ese momento la ley dejó de favorecerles y tuvieron que empezar a abonar sus cuotas, el resto de ese año con un descuento y ya íntegras desde enero de 2013.

En la Galicia de antes de la Ley de la Dependencia las familias, sobre todo las mujeres, se hacían cargo de los mayores o parientes con discapacidades físicas o psíquicas y en muchos casos entregaban su vida a la tarea, sin tener opción a otro trabajo. La legislación compensó este esfuerzo y alegró a muchos beneficiarios que preferían seguir bajo el cuidado de sus parientes o de alguien de su entorno. Por todo ello, en la comunidad menudearon las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, una alternativa que la ley contemplaba como excepcionial. Sus condiciones eran buenas: percibían hasta 487 euros al mes y tenían la Seguridad Social costeada.

Sin embargo, en la actualidad apenas suponen una de cada cuatro prestaciones (el 23 por ciento) concedidas en la comunidad gallega a beneficiarios de la ley de Dependencia. En agosto de 2012, antes de los cambios normativos que le dieron la opción a los cuidadores a cotizar de forma voluntaria, pero abonando ellos los costes, suponían el 35 por ciento, aunque llegaron a ser el 80 por ciento al principio, según la Xunta. Los últimos datos muestran que ahora el servicio mayoritario en Galicia es el de ayuda a domicilio, con 16.565 prestaciones concedidas, el 31% del total, cuando hace cuatro años suponía poco más del 17%. También ha incidido la apuesta de la Administración gallega por los servicios profesionales.

Lo que no ha cambiado en este intervalo de tiempo es que las mujeres siguen siendo las que se encargan del cuidado de hijos, padres u otros parientes que no pueden apañárselas solos. De hecho, el porcentaje de afiliados a la Seguridad Social sigue siendo el mismo, por sexos, que en 2012: el 93 por ciento mujeres -942- y un simbólico 7% de hombres -73 en toda Galicia-. En su momento, la oposición criticó la supresión de la bonificación a la Seguridad Social y denunció que muchas mujeres del rural no podrían permitirse abonar la cotización y, por tanto, perderían su oportunidad de acceder a pensiones contributivas.

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