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La revisión de la red de autobuses de Galicia

Las empresas renuncian a 69 concesiones de transporte público en Galicia por deficitarias

La Xunta obliga a las compañías a prestar servicio hasta agosto de 2017 para no desatender las líneas

Las empresas han renunciando a la mitad de las concesiones de transporte público por resultar deficitarias, un total de 69. Así lo oficializaron entre la última semana de julio y la primera de agosto ante la Xunta. En todo caso, la Consellería de Infraestruturas, con el amparo de la normativa europea y para no dejar desatendidas las líneas de autobús afectadas, obliga a las concesionarias a continuar con su actividad durante un año más, hasta agosto de 2017, fecha en la que el Gobierno gallego prevé adjudicar los primeros contratos del nuevo Plan de Transporte Público. Las empresas advierten, sin embargo, que pedirán a la Administración una indemnización por forzarlas a prestar un servicio que les ocasiona pérdidas.

Las empresas de autocares han renunciado a la totalidad de los contratos de transporte que había en la provincia de Ourense (24) y también se abandonarán 25 concesiones de Lugo, catorce de Pontevedra y seis de A Coruña.

Fue la Ley 10/2016 de medidas urgentes para la actualización del sistema de transporte público de Galicia, aprobada el pasado mes de julio, la que abrió la puerta a la renuncia de estas empresas. Y esta norma se aprobó para dar solución a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la prórroga masiva a las concesiones de transporte público en Galicia.

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En 2010 la Xunta había prolongado automáticamente los contratos a las empresas a cambio de que modernizaran su flota de autobuses. Sin embargo, en marzo el Supremo tumbó esta decisión advirtiendo que la duración de las concesiones no debe superar los diez años. Este fallo anuló 129 del total de 143 contratos de transporte que operaban en Galicia.

Para dar continuidad al servicio la Consellería Infraestruturas aprobó una ley exprés el pasado mes de julio que permitía a las concesionarias seguir explotando las líneas de autobús hasta que se aprobara un nuevo Plan de Transporte Público. Pero daba un plazo de quince días para que las empresas pudiesen formalizar su renuncia.

Y de las 129 concesiones afectadas, desistieron un total de 69. Renunciaron todas las empresas que daban servicio en Ourense (24). También se abandonó el 65 por ciento de los contratos prorrogados en Lugo tras la sentencia del Supremo (25 de 38). En Pontevedra afectó a 14 de las 36 concesiones mientras que en A Coruña fueron solo 6 del total de 46.

La razón, según el presidente de la Federación de Transporte de Viajeros, Carlos García Cumplido, es que estas concesiones no resultan rentables. La Xunta adjudica los contratos, pero son las compañías de autobuses las que asumen todos los costes y deben cubrirlos con los ingresos por la venta de billetes. Por este motivo, advierte que reclamarán "una contraprestación por el déficit en el que incurran las empresas que renunciaron y que están siendo obligadas a mantener su actividad durante un año más". "No pueden imponernos que prestemos un servicio que da pérdidas sin nada a cambio", aclara.

Esta prórroga obligatoria finalizará en agosto de 2017, si bien el Plan de Transporte Público no se implantará en su totalidad hasta 2020. En todo caso, desde Infraestruturas aclaran que los estudios previos que han encargado deben tener diseñados en mayo los nuevos modelos de transporte, de manera que puedan adjudicar los primeros contratos en julio de 2017. "La idea es un transporte más moderno, eficiente, que cubra todo el territorio y que sea viable", explican desde el departamento que dirige Ethel Vázquez.

La Xunta baraja usar el servicio de movilidad de dependientes para el traslado de otros pasajeros

  • El reto que debe afrontar ahora la Xunta es rediseñar un nuevo mapa de líneas de autobuses y buscar alternativas que lo hagan viable. Para ello se plantea aprovecharse de los recursos desplegados para otros tipos de transporte. Y de nuevo se abre la puerta a utilizar los autocares escolares para el traslado regular de viajeros, una iniciativa que ya había planteado el anterior gobierno bipartito y que finalmente fue desechada por el rechazo social que se generó. Ahora la Xunta retoma esta propuesta y baraja también que los autobuses del servicio 065 que se dedican al traslado de dependientes y discapacitados puedan ser usados por el resto de viajeros para moverse de una población a otra. Su idea es que estos autocares, normalmente minibuses, puedan ser usados "cuando menos parcialmente en un nuevo modelo de prestación zonal bajo demanda", tal y como consta en los pliegos de contratación de los estudios previos para configurar el nuevo mapa de transporte público de Galicia.La Consellería de Infraestruturas plantea que puedan convivir líneas regulares de autobuses con otras que funcionen bajo demanda, lo que permitirá cubrir zonas del rural más despobladas sin poner en riesgo la rentabilidad de las líneas. A ello contribuirá la existencia de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), que contarán con centrales de recepción, a donde los viajeros llamarán cuando necesiten moverse de un punto a otro, y también habrá centros de procesamiento que se encargarán de generar rutas de transporte en función de las necesidades.Este servicio a demanda podrá funcionar mediante reserva anticipada de plaza (por ejemplo, mediante la llamada a una central de reserva) o incluso mediante una petición de traslado en tiempo real dando aviso al autobús de que debe recoger a un determinado viajero en una parada.El estudio encargado por la Xunta deberá realizar un diagnóstico de la situación actual, analizar la demanda de movilidad, mediante encuestas, y buscar mecanismos de participación con los ayuntamientos.

La patronal reclama vías para financiar las rutas de autocares

  • "Si el transporte es deficitario en zonas urbanas con más concentración de la población y la Xunta tiene que cofinanciar el transporte metropolitano, ¿cómo van a ser rentables las líneas de autobús en áreas del rural?". Ésta es la reflexión que lanza el presidente de la Federación de Transporte de Viajeros, Carlos García Cumplido, que, a la vista de la renuncia de la mitad de los contratos de transporte de viajeros, advierte que estos servicios "difícilmente se pueden autofinanciar" y, en ese caso, habrá que buscar vías alternativas para hacerlos sostenibles."Si ese transporte necesariamente se quiere mantener habrá que ver como se va a pagar", recalca. Aunque deja en manos de la Xunta que busque esos mecanismos de financiación, García Cumplido apunta que, de entrada, hay dos alternativas: o se cofinancia, igual que se hace con el transporte metropolitano, o se mete "en la misma cesta" que el transporte escolar. Según explica, el Gobierno gallego financia las líneas de autobuses a los colegios, de manera que incorporar el traslado de viajeros a estas rutas no supondría coste adicional para la empresa.50 millones de kmLa propia Xunta reconoce que la dispersión geográfica y la pérdida de usuarios por la despoblación del rural hacen peligrar la rentabilidad económica de estas líneas. "Hay dos factores que influyen en que la situación haya empeorado en los últimos años: el envejecimiento y la despoblación se han multiplicado y además ha coincidido con una crisis económica", explica García Cumplido.En Galicia hay 30.000 núcleos de población y, según los cálculos de la Xunta, solo unas tres cuartas partes disponen de transporte público regular. Las líneas de transporte escolar (3.900) son cinco veces más que las rutas destinadas al traslado regular de viajeros (880).Además el bus escolar tiene 23.500 paradas, frente a unas 7.500 del transporte regular, que se recorre unos 50 millones de kilómetros al año.

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