Agentes de Agencia Tributaria realizaron ayer varios registros en propiedades de José Ramón "Nené" Barral, exalcalde de Ribadumia en el marco de una investigación por blanqueo de capitales y contrabando, dirigida por la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara.

Los registros se concentraron en las viviendas que Barral posee en As Sinas (Vilanova de Arousa) y Lantaño (Portas), así como en una casa propiedad de una hija en Ribadumia, pero no fueron los únicos puntos donde se concentraron las pesquisas de los agentes ya que también se extendieron a Extremadura y a un bufete de abogados de A Coruña, relacionado con Barral por haber sido el que llevó el proceso en el que el ribadumiense consiguió evitar la cárcel.

En ninguno de los registros se realizaron detenciones, aunque fuentes próximas al entorno de Barral reconocen que tuvo que responder a una serie de preguntas que les plantearon los agentes.

Según algunas fuentes de ese bufete, los agentes se llevaron documentación relativa a ese proceso en el que el exregidor alcanzó un pacto con las autoridades judiciales para evitar su ingreso en prisión, pese a que se confirmó una condena de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudar 338.493 euros en la declaración de la renta de los años 2006 y 2007.

Ese dinero provendría de los negocios que el antiguo alcalde de Ribadumia poseía en China y Chile, negocios vinculados a explotaciones acuícolas y parques eólicos. y cuyos ingresos se gestionaban a través de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes.

A cambio de reconocer que no abonó al fisco 135.000 euros el primer año y más de 202.000 el segundo, Barral aceptó el pasado mes de mayo una condena de seis meses de prisión por cada uno de los dos delitos fiscales cometidos.

Al asumir el expolítico toda la responsabilidad sobre los negocios y los beneficios que generaron y que se ocultaron a Hacienda, Barral también consiguió que se retirase la acusación contra sus hijas, que inicialmente, habían sido imputadas por los mismos delitos, al figurar como socias de la compañía radicada en las Islas Vírgenes.

Con este acuerdo, Barral consiguió evitar una pena de cuatro años de prisión por cada uno de los delitos de evasión fiscal de los que se le acusaba.

Como requisito previo, Barral tuvo que realizar un ingreso en el juzgado de 720.000 euros , de los que 338.000 correspondían a la cantidad defraudada, a los que se sumaron los intereses y dos multas de 88.250 euros y de 131.746 por los dos delitos. Barral tiene pendiente un juicio por los supuestos delitos de contrabando, cohecho y revelación de secretos oficiales que forzaron la dimisión en el año 2001 como alcalde de Ribadumia, tras 18 años ostentando el cargo.

Fue alcalde de Ribadumia entre 1983 y 2001 y regresaría a la política municipal con un partido independiente en 2003, ganando en las urnas a sus antiguos pupilos, Rafael Louzán y Salomé Peña, aunque unos pocos votos que reclamó el PP acabaron arrebatándole la Alcaldía.