06 de octubre de 2016
06.10.2016

El juez cita a declarar a Castellano a petición de los empresarios en el último pleito por NCG

Testificará por primera vez sobre el supuesto engaño a los inversores junto a González-Bueno y Tellado - El juicio promovido por Egasa e Igalux se celebrará en Madrid en abril de 2017

06.10.2016 | 08:50
José María Castellano. // X.A.

El expresidente de Novagalicia Banco, José María Castellano; su número dos, César González-Bueno y el exdirector financiero, Enrique Tellado, serán llamados a declarar como testigos en el último juicio promovido por los empresarios gallegos que inyectaron 71 millones en el banco en 2012 y perdieron su inversión con el rescate europeo. La vista por el pleito impulsado por Egasa e Igalux Innova está prevista para los próximos 5 y 6 de abril del próximo año en el juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid. Su titular, el juez Carlos Javier Garzón Inigo, aceptó ayer en la vista preliminar que los tres directivos fuesen llamados a declarar como testigos a instancia del representante legal de las empresas gallegas, Daniel Jiménez, del despacho madrileño SLJ Abogados.

La decisión del juez incomodó a los representantes de la entidad, hoy Abanca, que recurrieron la aceptación de la prueba testifical. Será la primera vez que los máximos responsables de la entidad financiera rescatada den cuenta ante un juez de cómo captaron a los inversores gallegos, de la información que manejaron ellos y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y expliquen si, como han defendido las catorce firmas repartidas en los cuatro pleitos previos, engañaron a sus propietarios.

Egasa e Igalux demandaron a los tribunales la anulación del contrato de compraventa que firmaron con Novagalicia y su entonces máximo accionista, el FROB , en enero de 2012 y por el que adquirieron acciones de NCG Banco. Las empresas buscan así recuperar los 2,5 millones de euros que inyectaron meses antes de que el banco fuese declarado inviable y sometido a un rescate financiero que les obligó a asumir pérdidas.

Las empresas alegaron, como ya hicieran entre otros Hierros Añón, Gadisa, Hijos de Rivera o Inveravante, que tanto el FROB como el banco les hicieron creer que compraban acciones de un banco saneado con dinero público y rentable y que les ocultaron información sobre la situación real contable de la entidad, que salió a la luz poco después de que los inversores depositasen su capital.

Meses después, la Comisión Europea inyectó 5.425 millones de euros, a través de una operación acordeón que redujo el capital del banco a cero para luego incrementarlo por el valor de la ayuda. El reglamento del rescate europeo estableció además que los accionistas asumirían las pérdidas de esta operación, lo que provocó que esos 71 millones se esfumasen, entre ellos, los 2,5 que Igalux y Egasa arriesgaron tras ser llamados a salvar la galleguidad del banco.

En los juicios promovidos por Hierros Añón, Gadisa, Hijos de Rivera e Inveravante -de entre un total de catorce empresarios-, sólo fue llamado a declarar el asesor jurídico de NCG, que se mantiene en el cargo en Abanca, José Eduardo Álvarez Naveiro, que además era secretario del consejo de administración de NCG Banco cuando los inversores gallegos entraron en el accionariado. Fue el único que dio la versión de la dirección del banco pero cuando fue interrogado sobre las decisiones de la cúpula, contestó en varias ocasiones que no era la persona que debía responder, en referencia a Castellano.

La solicitud del abogado, Daniel Jiménez, para que declaren los máximos responsables modifica su estrategia después de que la Audiencia Provincial de A Coruña haya ratificado las sentencias a favor del FROB y NCG y anulado las que dieron la razón a los inversores, haciendo suyas las tesis del FROB. La demanda de Igalux y Egasa, que presentaron en conjunto para defender su condición de inversores minoristas, Ranebe 2003 también fue así reconocida en la sentencia. Como el resto, planteó la denuncia ante los juzgados de Primera Instancia de A Coruña, pero la juez a la que le tocó en reparto se inhibió al entender que la causa debía resolverse en la ciudad donde el FROB tiene su sede. Fue la única que obró así; el resto de los magistrados aceptaron a trámite los casos y dictaron sentencia en 2015.

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