Las amenazas de Hacienda a los ayuntamientos más morosos no surten efecto y los cajones de las alcaldías gallegas cargan con cada vez más facturas por obras ejecutadas o servicios prestados. La inyección de fondos aprobada por el Gobierno central en 2012 para poner al día los miles de recibos que autónomos y pequeñas empresas no habían cobrado permitió a las administraciones locales poner el contador a cero. Pero cuatro años después del plan de pago a proveedores y pese a la mejora de la situación económica, que ha permitido a los ayuntamientos gallegos recaudar 200 millones más que antes del estallido de la crisis económica y duplicar sus inversiones, son cada vez más los concellos que están en el punto de mira de Hacienda por incumplir la Ley de Morosidad, que fija en 30 días el plazo para que las administraciones salden sus deudas. En la actualidad, todavía uno de cada tres ayuntamientos gallegos paga por encima del plazo legal. Son un total de 104 concellos que hacen esperar más de la cuenta a sus proveedores, entre ellos las ciudades Lugo (72,58 días), Ferrol (54,99), Ourense (34,67) y A Coruña (30,76), según el balance del pasado mes de junio publicado por el departamento en funciones de Cristóbal Montoro. Vigo, por el contrario, es el concello que paga con más rapidez sus facturas.
En la lista hay un total de 35 municipios morosos de la provincia de A Coruña, 15 de Lugo, 34 de Ourense y 20 de Pontevedra. Lejos de reducirse el número de administraciones incumplidoras, la cifra va en aumento: en Galicia son más del doble que al cierre de 2015 (entonces había 49 concellos que no pagaban los recibos en plazo) y hace un año eran 66 los que hacían esperar más de un mes a sus proveedores. Además hay otros 37 consistorios de la comunidad que han omitido sus datos a Hacienda.
En el caso de las ciudades, solo Santiago, Vigo y Pontevedra pagan en plazo a sus proveedores, según datos de junio. De las urbes, estos dos últimos concellos son los que tienen el mejor comportamiento ya que abonan sus facturas incluso antes de que empiece a contar el plazo legal (-7,56 días y -1,28, respectivamente). La espera media por obras y servicios para el Concello compostelano es de 21,17 días. El peor comportamiento lo registran las ciudades de Lugo, con más de dos meses de retraso en los pagos.
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El volumen de facturas pendientes de abonar en las ciudades gallegas superaba en junio los 61,38 millones, un 11,5% más que los 55 millones que debían en marzo pero casi un 27% menos que los más de 84 millones con los que arrancó esta legislatura municipal en junio del año pasado. Lugo es la excepción, al ser la única ciudad donde creció el volumen de facturas impagadas (8%). Vigo registra el mayor descenso (-61%), seguida de Pontevedra (-57%), Ferrol (-30%), A Coruña (-27,9%), Ourense (-17,5) y finalmente Santiago (-0,7%).
Por el contrario, el plazo de pago ha empeorado en el último año en cuatro ciudades: A Coruña, Santiago, Lugo y Ferrol. En junio del año pasado, tan solo Ourense estaba en la lista de urbes que incumplían la Ley de Morosidad (más de 37 días).
Las administraciones que incumplen de manera reiterada el límite fijado por la Ley de Morosidad o incluso las que eluden facilitar información se enfrentan a medidas extraordinarias por parte de Hacienda, como la retención de fondos por su Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Bajo la lupa del Gobierno por su elevada morosidad están en la actualidad 62 concellos que duplican el plazo fijado por ley para pagar a sus proveedores. Pero el verdadero quebradero de cabeza de autónomos y pequeñas empresas para cobrar facturas está en 41 ayuntamientos que tardan más de tres meses -el triple del límite legal-.
