El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, discrepa con la memoria de la Fiscalía General del Estado sobre Medio Ambiente y Urbanismo, en cuyo último informe de balance sostiene que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU) se ha relajado en sus labores de inspección y que además envía con continuos retrasos los expedientes de supuestos penales a las respectivas fiscalías gallegas, con el riesgo que eso supone para la prescripción del delito por la superación de los plazos. Frente a este criterio, el titular del Gobierno gallego sostiene que nunca tantas demoliciones se realizaron como hasta ahora y que además le consta que los ciudadanos tienen la percepción justamente de lo contrario, de que jamás se actuó con tanta presión en la lucha contra las infracciones urbanísticas.

Preguntado al término del Consello de la Xunta por el informe de la Fiscalía General del Estado -que recoge las conclusiones de todas las fiscalías provinciales-, respondió que si bien no conocía esta cuestión al detalle, podía asegurar que tenía la convicción de que por parte de los administrados se tiene "una sensación de mucha presión" sobre a las personas que "supuestamente cometen irregularidades urbanísticas".

"Nunca tantos expedientes se abrieron y nunca tantas casas se demolieron en Galicia en la historia", aseguró, tras lo que dijo comprender que, "si hay un elemento de dilación en ciertos expedientes, entiende que la Fiscalía "advierta" a la Xunta para que agilizara los procesos.

El Ministerio Público sostiene en su memoria que la APLU a incurre en "dejación de su labor de inspección" y que además actúa con demora en el envío a las distintas fiscalías de Galicia de los expedientes de reposición de legalidad donde los hechos investigados podrían ser constitutivos de delito, circunstancia que acrecienta el riesgo de que prescriban y los autores queden impunes al no poder actuar contra ellos.

Desde su creación en el año 2008 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha derribado 600 inmuebles entre viviendas, edificios, galpones y naves ilegales, de los que 35 se demolieron en los primeros cuatro meses de este año: 18 en la provincia de Pontevedra, 10 en la de A Coruña, 4 en la de Lugo y 3 en la de Ourense.