La relación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) con las fiscalías gallegas no es la mejor, según se recoge en la última memoria de la Fiscalía General del Estado sobre Medio Ambiente y Urbanismo. El informe recoge que hay tiranteces en unas relaciones calificadas como "complejas" por dos motivos fundamentales. El Ministerio Público sostiene que esta agencia de la Xunta incurre en "dejación de su labor de inspección" para detectar irregularidades en la ordenación del territorio y que además actúa con demora en el envío a las distintas fiscalías de Galicia de los expedientes de reposición de legalidad donde los hechos investigados podrían ser constitutivos de delito, circunstancia que acrecienta el riesgo de que prescriban y los autores queden impunes al no poder actuar contra ellos.
Lo que hace en su memoria la Fiscalía General del Estado es recoger los informes elaborados por las fiscalías gallegas en su balance de actuaciones del año 2015 correspondientes a medio ambiente y al urbanismo.
En el documento se recoge que la Fiscalía de A Coruña reconoce la "complejidad de su relación con la Administración autonómica, especialmente con la APLU", como consecuencia directa del abandono en los últimos años de su labor de inspección en la comunidad, una denuncia que también comparte la Fiscalía de Pontevedra. Esta "dejación" de funciones por parte de la agencia les llevó a dar un toque de atención a la APLU "para que no vuelva a producirse" esta relajación en sus responsabilidades inspectoras.
La memoria relata que esta agencia -dependiente de la Consellería de Infraestruturas- envía con "retrasos a todas las fiscalías de Galicia" los expedientes de reposición de legalidad sobre hechos presuntamente constitutivos de delito, lo que podría derivar en el archivo de supuestos penales por haberse superado el plazo de prescripción.
Precisamente "para evitar las prescripciones de delitos" que esta demora pudiera llevar consigo, la Fiscalía Superior de Galicia tuvo que enviar a mediados del pasado año un oficio al director de la APLU en el que le exhortaba a comunicar a las respectivas fiscalías, "en el momento en que se inicie la incoación, los expedientes de reposición de legalidad en todos los casos de construcciones que supongan un uso prohibido en suelo rústico".
¿Cuál ha sido el balance de la APLU? Desde su creación en el año 2008 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha derribado 600 inmuebles entre viviendas, edificios, galpones y naves ilegales, de los que 35 se demolieron en los primeros cuatro meses de este año: 18 en la provincia de Pontevedra, 10 en la de A Coruña, 4 en la de Lugo y 3 en la de Ourense.
En la memoria correspondiente a 2005, los fiscales también tienen reproches para los juzgados por su actuación en materia de urbanismo. Así, la Fiscalía de Ourense sostiene que los jueces simplemente derivan las causas a la vía administrativa sin que se dicten sentencias condenatorias ni demoliciones. Y la de Pontevedra asegura que una sección de la Audiencia Provincial absuelve todos los casos "con base a una legislación expresamente derogada desde el año 2007". También esta Fiscalía propone que sean las fuerzas de seguridad, y no los arquitectos municipales, las que verifiquen la demolición de un inmueble ilegal para evitar posibles fraudes.
Policía Autonómica y agentes forestales, con margen de mejora en su actuación contra los delitos ambientales
- En la memoria sobre Medio Ambiente y Urbanismo se destaca que, por norma general, las relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son "fluidas, cordiales y fructíferas" que cumplen su labor con profesionalidad y lealtad, informando con prontitud de cualquier incidencia o asunto grave. Sin embargo, algunas fiscalías provinciales consideran que hay todavía capacidad de mejora.Así, concretamente la de Pontevedra y algunas más de otras provincias, sostienen que en materia medioambiental y asuntos de urbanismo, tanto la Policía Autonómica como los agentes forestales "tienen todavía margen de actuación" y que "sería deseable que el mismo se llevara a cabo".La de Ourense, por su parte, considera lamentable que muchos concellos de la provincia carezcan de planes de emergencia para hacer frente a los incendios forestales. Para esta Fiscalía, se trata de una necesidad evidente, pues la provincia está asolada cada año por numerosos incendios muy próximos a casas, urbanizaciones o localidades, por lo que existe un alto riesgo de que el fuego afecte a la población o a infraestructuras vitales. "Lamentablemente muchos municipios no tienen elaborados planes locales de emergencia. Como mucho hay una serie de recomendaciones y advertencias para que los propietarios de viviendas y solares adopten medidas preventivas para paliar posibles daños", advierte.La Fiscalía de Lugo se hace eco de los informes policiales que a su vez recogen el malestar expresado por numerosos ciudadanos ante el "exceso de normativa en materia de incendios, lo cual dificulta cualquier planteamiento preventivo". Se añade que a diferencia de otras comunidades, los propietarios de los terrenos forestales son particulares que "difícilmente pueden afrontar los gastos derivados de un mantenimiento y una gestión adecuada".
