El pasado mes de marzo entró en vigor el decreto del Gobierno gallego que obliga a los bancos a inscribir en un censo específico creado a tal efecto todas la viviendas vacías que tienen en propiedad en la comunidad. A falta de diez días para que acabe el plazo dado para proceder a la incorporación en el registro durante el periodo voluntario, la banca y sus sociedades inmobiliarias ya han notificado a la Xunta que poseen casi 3.000 viviendas sin ocupar en la comunidad autónoma. La cifra sirve también, por tanto, para conocer la bolsa de inmuebles para las que no encuentran comprador tras estallar la burbuja del ladrillo y quedarse en propiedad con las edificaciones que los promotores no fueron capaces de sacar adelante por la crisis y con los pisos cuyos dueños no pudieron satisfacer sus hipotecas. No obstante, la cifra seguramente aumentará en los próximos días, dado que el plazo de inscripción concluye el 26 de septiembre y las entidades financieras aún están inmersas en los trámites de incorporación de bienes inmuebles al censo de viviendas vacías creado por la Xunta.
Para forzar a los bancos, sus filiales y a la entidades de gestión de activos -incluidos los procedentes de la estructuración bancaria-, el decreto autonómico establece un régimen de infracciones con multas que pueden llegar a los 3.000 euros por cada vivienda vacía no apuntada en el registro. En todo caso, la exigencia solo rige para los bienes ubicados en concellos de más de 10.000 habitantes.
Los particulares, si lo desean, también pueden incorporar su pisos sin ocupar al censo, pero se trata de una opción voluntaria que se puede realizar en cualquier momento y sin que exista ningún tipo de sanción.
¿Para qué quiere saber la Xunta cuántos inmuebles vacíos hay en la comunidad? Fundamentalmente, según precisa la Consellería de Infraestruturas, "para disponer de información adecuada en relación con el estado de ocupación del parque inmobiliario de Galicia con el objeto de realizar la planificación social de la política de vivienda por parte de la Administración autonómica".
Así, la Xunta podrá impulsar la firma de acuerdos de colaboración con los propietarios y destinar las viviendas inscritas a atender a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias o por desahucios derivados del impago del alquiler. También contribuirá a buscarles una salida con promoción institucional a través de su inclusión en Rexistro Único de Demandantes y localizar así posibles compradores entre los gallegos que aspiran a obtener, mediante compra o alquiler, una vivienda de protección oficial. Como condición para ello, el Gobierno gallego exigirá que los precios no superen el máximo establecido para los pisos protegidos.
Como tercera opción, y previo consentimiento de los propietarios, las viviendas inscritas en el censo podrán ser utilizadas en los programas de fomento del alquiler que desarrolle la Xunta con los ayuntamientos.
Calcular el número de viviendas sin ocupar no resulta fácil, dado que los números responden a estimaciones que difieren según la autoría de las mismas. En todo caso, la Administración autonómica, en su último informe elaborado -del año 2014-, concluyó que en la comunidad existen 241.000 viviendas desocupadas, incluyendo en esta categoría las destinadas al alquiler de corta duración. Representarían nada menos que el 18% del parque inmobiliario gallego. Casi 99.000 estarían en la provincia de A Coruña, 69.200 en la de Pontevedra, 37.700 en la de Lugo y 35.400 en la de Ourense.
Por su parte, el Ministerio de Fomento estima que a 31 de diciembre de 2015 había en Galicia 26.445 viviendas de nueva planta sin vender. En su estadística, el Gobierno central solo se centra en los pisos recién salidos de las promociones que todavía no han encontrado primer comprador. Algo más de 11.000 corresponden a A Coruña, por 9.100 en Pontevedra y casi 6.000 repartidos entre Lugo y Ourense.
