En 2013 el Ministerio de Hacienda puso en el punto de mira a los emigrantes retornados y sus pensiones y el desencuentro entre este colectivo y el Gobierno central ha llegado a Europa. La Plataforma de Emigrantes Retornados de la Comarca de Vigo comparecerá, en nombre de las plataformas de afectados, ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara para denunciar las multas de Hacienda por sus pensiones. Reclaman un "trato justo y equitativo con los emigrantes retornados", eliminar la retroactividad de la tributación de las pensiones en el extranjero, que se acaten los convenios bilaterales y que se acepten las pensiones de invalidez. Así lo señala la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, quien asegura que, junto a la eurodiputada de los Grupos Verdes-ALE Tatjana Zdanoka, impidió que se cerrara en la Comisión de Peticiones el proceso de las multas de Hacienda a los emigrantes retornados, iniciado hace dos años.

Según Miranda, la Comisión de Peticiones no veía razones para seguir con la denuncia tras alegar en junio la Comisión Europea que se trata de "casos individuales". Frente a ello, el BNG alegó que "es un problema que afecta a un colectivo, amplio y en situación vulnerable, muchas veces con situaciones de desinformación manifiesta". Tras estas alegaciones, explica, tienen que comparecer los peticionarios denunciantes, la Plataforma de Emigrantes Retornados de Vigo, para explicar el caso.

Miranda sostiene que "no es legal una campaña sancionadora" como la del Gobierno a los retornados, "exigiendo el pago de multas, intereses de demora y la cuantía" de las declaraciones por las pagas que desde 2008 perciben de los países donde trabajaron. Recalca que España "es el único" Estado europeo donde los pensionistas que tuvieron que emigrar para vivir son obligados a pagar "injustamente por las jubilaciones que cobran en otros países en los que cotizaron su vida laboral durante sus años en la emigración".

La situación, dice, afecta a 250.000 retornados gallegos, "recibieron multas de entre 8.000 y 20.000 euros" y "aún hay 11.000 pensionistas pendientes de recibir sanción". Fue el BNG, enfatiza, quien denunció ante el Parlamento Europeo y el que insiste en que el Gobierno central "incumple varias directivas europeas", lo que, a su juicio, "provoca "una discriminación" y "afán recaudatorio" sobre los emigrantes gallegos. "No vamos a dejar que esta denuncia muera en un procedimiento administrativo mientras siga existiendo la discriminación y si existe un vacío legal en la ley europa, tendrán que cubrirlo con leyes que favorezcan la igualdad de trato entre Estados miembros", proclama.