El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, se reunió ayer con representantes de las doce comunidades autónomas que tienen transferida esta competencia para firmar los convenios de colaboración para la distribución del crédito destinado a la reforma de la Administración de Justicia y, singularmente, con las comunidades de Galicia y Valencia otro acuerdo que permitirá realizar las pruebas de acceso a la profesión de abogado y procurador en las correspondientes lenguas cooficiales. En los próximos días este acuerdo será rubricado por el País Vasco y Cataluña.

El objeto de esta actuación es permitir que los exámenes de acceso a ambas profesiones puedan realizarse indistintamente en castellano y en aquella lengua española que sea cooficial en la comunidad autónoma de acuerdo con su Estatuto, en función de la libre decisión del aspirante.

Para ello, los correspondientes departamentos de Justicia de las comunidades autónomas del País Vasco, Cataluña, Galicia y de la Comunidad Valenciana se comprometen a garantizar que los servicios de traducción dependientes de dichas administraciones se desplacen a la sede del Ministerio de Justicia para realizar la traducción de la prueba.

También deberán asumir el coste económico relacionado con la traducción a la correspondiente lengua cooficial, incluido el que se derive del desplazamiento del personal a la sede del Ministerio por el tiempo que sea necesario para proceder a la realización de la traducción del ejercicio en la correspondiente lengua cooficial.

Tras el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 3 de junio por el que se distribuyó seis millones de euros para el Programa de Reforma de la Administración de Justicia entre las comunidades autónomas con traspaso de medios, el Ministerio procedió ayer a ajustar las cantidades concedidas una vez recibidos los informes de ejecución financiera de cada una de ellas en el año 2015.

De las doce comunidades autónomas beneficiarias de este convenio, siete certifican la ausencia de remanente en el ejercicio anterior. Se trata de Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco. Las cinco restantes (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias y Comunidad Valenciana) señalan la existencia de un remanente en el ejercicio 2015, por lo que se ha procedido a descontar esa cantidad del total atribuido en el Pleno de la Conferencia Sectorial del pasado 25 de febrero de 2016.

Según el acuerdo de cooperación, firmado con el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, el Ministerio de Justicia transferirá a Galicia un total de 427.611 euros, que serán empleados para mejorar los tiempos de resolución de los asuntos ingresados, mediante el incremento de recursos humanos y medios materiales.