Una fórmula para mantener la rentabilidad de un negocio consiste en pactar los precios mínimos de venta con los competidores para así, a costa de los consumidores, garantizarse un determinado nivel de ingresos y no sucumbir a una espiral de rebajas para conseguir más clientes que el rival. Esta práctica, a pesar de ser ilegal, según acaba de revelar el Instituto Galego de Estatística, está bastante extendida en Galicia, o al menos así lo atestiguan las propias empresas. Nada menos que el 38,2% de los negocios dedicados a la actividad comercial -desde una tienda de ropa a una de telefonía, pasando por carnicerías, ferreterías, zapaterías o fruterías- aseguran que tienen conocimiento de acuerdos entre competidores para fijar los precios de venta.
Así se recoge en una encuesta difundida ayer por el IGE y que fue elaborada entre los años 2015 y 2016 en colaboración con el Consello Galego da Competencia para conocer la existencia de conductas prohibidas o abusivas que restrinjan la competencia. Las conclusiones se derivan de las respuestas aportadas por al menos 800 empresas de Galicia, de las cuales la mitad operan en el sector comercial y la otra mitad en el sector industrial.
Aunque las dos ramas de actividad consideran que hay pactos entre negocios rivales para fijar los precios y obtener así un mayor beneficio, en la vertiente comercial parece más exagerada esta práctica. El 17,5% cree que estos pactos ilegales se producen con "mucha frecuencia", mientras que un 20,7% considera que se dan con "bastante frecuencia". En la rama industrial, este convencimiento se rebaja al 22,5%, sumando tanto los que entienden que esta conducta se produce con mucha y con bastante frecuencia.
También es considerable el porcentaje de empresas dedicadas a la actividad comercial que tiene conocimiento de acuerdos entre competidores para repartirse el mercado y así evitar hacerse daño en la cuenta de resultados. Más de un tercio (el 35,2%) sostiene que estos pactos se producen con mucha o bastante frecuencia, porcentaje que se rebaja al 21,3 en el caso de las empresas ocupadas en la rama industrial.
Los órganos encargados de vigilar estos comportamientos, los de Competencia, abren todos los años varios expedientes al respecto e imponen sanciones, pero realmente son muy pocas las empresas que finalmente acaban pagando la multa, debido entre otras circunstancias, a la dificultad de probar estos acuerdos y a que los recursos judiciales en contra las sanciones se eternizan.
En el caso de Galicia, se abrieron expedientes por pactos en la comercialización del mejillón para fijar los precios, para la compra de leche a los ganaderos, por las tarifas de autoescuelas y hasta por ponerse de acuerdo entre diversas empresas para confabularse en la presentación de ofertas con el objeto de repartirse contratos de la administración autonómica.
En cuanto a su relación con los proveedores, la empresas del sector industrial consideran en el 14% de los casos que les imponen condiciones abusivas por las compras. En la rama comercial, los problemas en esta relación son otros. El 16,5% denuncia que le imponen la compra de un producto por la adquisición de un primero y el 43% asegura que los mismos proveedores operan con condiciones distintas con su empresa de las que emplean con otros negocios de la competencia.
Las grandes áreas, buenas para el cliente pero perjudiciales para los pequeños negocios
- La encuesta del IGE muestra también la paradoja en la que vive el sector comercial. El pequeño negocio admite que las grandes áreas comerciales resultan, en general, beneficiosas para los consumidores, pero también considera que su funcionamiento le perjudica en su actividad.Así, un 57,3% de los encuestados sostiene que la apertura de los centros comerciales supone una ventaja y reporta beneficios para los clientes, porcentaje que sube al 68,7 entre los que piensan además que la libertad de horarios es buena para los consumidores y para estimular la competencia.Pero al mismo tiempo, el sector advierte de las repercusiones que para el pequeño negocio tienen las grandes áreas. Por ello, el 69% está favor de mantener las restricciones para la apertura de nuevos centros comerciales, una condición que consideran buena para el comercio de proximidad.En Galicia, mientras que las superficies menores de 2.500 metros cuadrados gozan de libertad de horarios, las de mayor tamaño están sujetas a los límites que marca la Xunta. Y lo mismo sucede con las grandes áreas, que antes de abrir necesitan superar un largo y complejo trámite en el que se valora el impacto socioeconómico sobre la zona, las vías de acceso, el aparcamiento, la existencia de transporte público y el planeamiento urbanístico.
