Casi 90.000 viviendas en la comunidad gallega cuentan ya con un certificado energético, que las clasifica según requieran mayor o menor gasto en electricidad, gas o calefacción. Desde junio de 2013 es obligatorio disponer de esta etiqueta para poder vender o alquilar. Desde entonces se han disparado el número de pisos que han solicitado esta certificación. Solo en en este año los propietarios de 17.500 inmuebles han tramitado el informe técnico necesario para medir la eficiencia de sus instalaciones. La Xunta inspecciona desde este año que no se produzcan fraudes en las certificaciones que ya se han expedido, aunque de momento no controla que todas las viviendas que se alquilan o se venden en Galicia dispongan de esta etiqueta.
El certificado energético es obligado, no solo para los pisos nuevos, sino también para los viejos que se quieran poner a la venta o arrendar. Y eso incluye no solo aquellos destinados a uso residencial sino también los locales comerciales o oficinas.
La idea es que el comprador o inquilino pueda valorar el gasto en energía de la vivienda antes de cerrar la compra o firmar el contrato de arrendamiento.
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La etiqueta, semejante a la que llevan los elecrodomésticos para promover el bajo consumo, otorga a cada inmueble una calificación en función del consumo que necesitan los hogares en el día a día. Se valora el consumo de electricidad, gas, la calidad del aire interior, las condiciones de control térmico y lumínico y también el gasto en calefacción. Cuánto mejor sea el aislamiento y menor el consumo energético mayor será la nota que obtiene la vivienda en una relación que va de la A, las más eficientes, a la G, la nota más baja.
A principios de 2015 eran 40.000 las viviendas que ya disponían de este certificado. Al cierre del año sumaban ya 70.000 y en los primeros ocho meses de 2016 la cifra creció un 20% y llegó a 87.503. Además de la oferta en alquileres, con la recuperación económica se han reactivado las ventas en la comunidad, lo que explica que cada vez sean más los pisos con etiqueta energética. Solo hasta junio en Galicia se vendieron 7.100 pisos. Pero hay un importante número de viviendas en stock -26.500, según los últimos datos del Ministerio de Fomento- que progresivamente van solitando este informe técnico mientras esperan comprador.
Este estudio sobre la eficiencia energética de cada vivienda, sin embargo, tendrá unos costes para los propietarios. El certificado debe emitirlo un técnico superior, normalmente ingeniero o arquitecto acreditado, y cuesta de media unos 250 euros, aunque los precios son muy variables según el profesional.
El técnico debe visitar la vivienda para evaluar parámetros como la calidad de los cerramientos, el consumo de energía de los electrodomésticos o el grosor de las paredes. Y el informe que emita es solo válido por diez años.
Pero además el propietario de la vivienda, cuando obtenga el certificado energético, debe inscribirse en un registro del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), dependiente de la Xunta, un trámite por el que deberá pagar 5 euros más una pequeña tasa que deberá abonar en función de la superficie y que será de ocho céntimos por cada metro cuadrado de un piso, cuatro céntimos si es un edificio y cinco euros para inmuebles que no tengan uso residencial.
Las multas por incumplir esta normativa que obliga a emitir certificados energéticos para las viviendas en alquiler o venta oscila entre los 300 euros y los 6.000, en los casos más graves. En concreto, vender o alquilar una vivienda sin la etiqueta está penalizado con 600 euros.
Pese a que la norma entró en vigor en junio de 2013, la Xunta no empezó a inspeccionar hasta este año y, en estos primeros controles, solo vigila a las viviendas que han pedido el certificado energético. Así, supervisa que la clasificación es correcta, que se ha presentado toda la documentación y que el estudio lo ha realizado un técnico acreditado. Desde la Consellería de Economía explican que la comprobación de que todos los pisos en venta o alquiler tienen el certificado podría quedar para posteriores planes de inspección.
Inspección a las inmobiliarias para que publiciten el certificado
- La Xunta arrancó en febrero de este año las primeras inspecciones para vigilar el cumplimiento de la normativa sobre certificación energética. En este primer plan solo se comprobará que los inmuebles que cuenten con el documento se ajustan a los requisitos establecidos y han sido correctamente clasificados. Pero también se harán controles a las agencias inmobiliarias para garantizar que incluyen la etiqueta energética en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio. "Deberá figurar siempre en la etiqueta, de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia energética del proyecto o al del edificio terminado", estipula la norma.Además del control sobre las inmobiliarias la Xunta prevé visitar unos 500 inmuebles con etiqueta energética, seleccionados de forma aleatoria, y distribuidos por toda la geografía gallega. Los inspectores comprobarán los datos de base de la edificación que se hayan utilizado para emitir el certificado, los resultados obtenidos en la evaluación y harán una visita in situ a la vivienda para asegurarse de que la etiqueta se corresponde con el inmueble cualificado.También se comprobará que el técnico que firma el certificado esté en posesión de la titulación exigida. Ésta es una de las principales preocupaciones de ingenieros industriales y arquitectos, que venían denunciando que profesionales "no cualificados" estaban emitiendo informes energéticos. En estos casos, se aplica al propietario la sanción máxima (6.000 euros).El plan de inspecciones de la Xunta termina en noviembre. Hasta entonces, desde la Consellería de Economía no informan de las sanciones impuestas hasta el momento.
