El Gobierno gallego ha habilitado una partida de 10 millones de euros para reparar los daños causados por los incendios forestales que se registraron el pasado mes de agosto en la comunidad. Estas ayudas se regulan en el decreto de medidas urgentes que ayer aprobó en su reunión semanal el Consello de la Xunta y que como objetivo principal declara la reparación de los perjuicios provocados por la llamas, la restauración de los valores naturales y la reactivación de la actividad económica de las zonas afectadas. Estas subvenciones, que se destinarán tanto a particulares como a concellos, serán compatibles con otras indemnizaciones a las que puedan tener derecho los afectados.

"Cubren los daños producidos por los fuegos con especial virulencia en agosto, pero proseguiremos atentos al devenir de los incendios en septiembre y octubre", explicó el presidente del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, al término del Consello. Aunque todavía no hay cifras cerradas sobre el alcance de las llamas durante el pasado mes, es probable que se superen las 9.000 hectáreas consumidas por el fuego. Solo en la primera quincena ya habían ardido 6.800. Precisamente ayer, se dieron por controlados tres nuevos incendios que devoraron 50 hectáreas en Verín (Ourense), 30 en Gondomar (Pontevedra) y otras 20 en Lousame (A Coruña).

Podrán solicitar las ayudas los propietarios o usufructuarios de viviendas dañadas; los titulares de establecimientos comerciales, mercantiles, industriales y turísticos afectados; y los titulares de explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas; así como las entidades locales que necesiten hacer frente a gastos derivados de las actuaciones efectuadas a causa de los fuegos. En todo caso y de acuerdo con un informe elaborado por la Axencia Galega de Emerxencias, la Xunta ha limitado a 200 los ayuntamientos afectados por los incendios durante el pasado mes de agosto y solo los vecinos de estos municipio tendrán derecho a reclamar las ayudas habilitadas por la Administración autonómica.

La Xunta impulsará ahora la creación de una comisión con la Administración del Estado, con las diputaciones y con las administraciones locales afectadas con el fin de determinar las cantidades que aportará cada una para la asunción de los daños.

Feijóo aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para reiterar el agradecimiento a los equipos de extinción, cuya celeridad y profesionalidad ha destacado, así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con sus investigaciones. Además, repasó el contenido del acuerdo alcanzado con todas las organizaciones sindicales y que beneficiará a uno 2.000 profesionales dedicados a la lucha contra el fuego, que pasarán a tener la consideración de bomberos forestales y que, mediante un proceso voluntario, podrán pasar de la categoría de personal laboral indefinido a funcionarios. El pacto permitirá también que los mayores de 60 años puedan dejar la primera línea de extinción -donde hay más riesgo- y dedicarse a tareas de prevención. Además, hasta el año 2020 cada convocatoria de empleo público reservará el 20% de las plazas para el servicio de extinción.