Esta vez no hace falta esperar al arranque oficial de la carrera electoral del 25-S para saber la letanía que empapará la campaña encabezada por Alberto Núñez Feijóo para intentar revalidar por tercera vez el bastón de mando en San Caetano. Ya incluso antes de su confirmación a principios de abril como líder de los populares gallegos en un emocionadísimo acto que le sirvió para dar carpetazo definitivo al rumoreado salto a Madrid o la alternativa de marcharse a la empresa privada, la inmensa mayoría de sus comparecencias públicas apuntaban a una misma idea. Galicia como un sitio distinto. Un territorio con "estabilidad política y económica" frente a los reiterados desfases de las cuentas públicas en el resto del país y la enorme incertidumbre abierta en la gobernabilidad tras los comicios generales de diciembre. "Pondré todo de mi parte para que siga siendo una excepción", insistía Feijóo hace poco más de una semana en la celebración de su partido del Día de Galicia en Padrón. Los cuatro años que carga ahora en la mochila tienen poco que ver con el equipaje con el que arrancó la pasada legislatura. La comunidad referente entonces de la austeridad es hoy una abanderada del impulso a la recuperación, aunque el comportamiento de la economía no acabe de acompañarle del todo y las luces que alumbran su gestión se quedan cortas para apagar las sombras que todavía amenazan el futuro de la autonomía.
| La comunidad "cumplidora". Fruto de esa apuesta férrea por la contención del gasto durante los años más duros de la recesión, la Xunta mantuvo el déficit bajo control durante toda esta pasada legislatura. Sin recurrir a ninguna de las medidas de liquidez articuladas por el Ministerio de Hacienda para las comunidades con problemas para pedir dinero en los mercados. Feijóo se negó en rotundo. Hacerlo, decía, implicaba la intervención de las cuentas gallegas. La pérdida de autonomía. Hasta que la batalla de los barones populares, con él como uno de los emblemas de la protesta, por las facilidades que el Gobierno central habilitó para las regiones incapaces de atenuar el desajuste presupuestario desembocó en la creación de un fondo de financiación a interés cero a partir de 2015, que en el caso de Galicia se completó con la condonación de los 80 millones de euros pendientes de devolución de las liquidaciones negativas de ejercicios anteriores. "Conseguimos un trato igualitario", se felicitó el jefe del Ejecutivo autonómico, que pudo así aliviar el gasto financiero que lastraba el presupuesto de Galicia.
| Los planes extraordinarios de inversión. El cumplimiento del techo de déficit en 2015 permitió a Galicia exprimir la relajación de los objetivos previstos para este año. Las comunidades deberán quedarse en el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en lugar del 0,3% inicialmente previsto. La Xunta no lo aprovechará al máximo porque eso implicaría un repunte importante de la deuda pública. Por el momento, hasta mayo, las modificaciones presupuestarias para los llamados "planes extraordinarios de inversión" rondan los 150 millones de euros. La mitad se va para Educación y Sanidad. El propio Feijóo anunció el destino del importante extra en los recursos autonómicos en cinco Consellos de la Xunta como el resultado del "superávit de responsabilidad" de Galicia.
| El giro social. La batería de medidas de marcado carácter social empezó antes. La llamada a la renovación de "equipos, políticas y actitudes" que el máximo responsable del PPdeG lanzó después de perder 40 mayorías absolutas y 186.000 votos en los comicios municipales de mayo de 2015 vino de la mano de un plan de freno a la desigualdad social que, entre otras ayudas, reforzó la lucha contra los desahucios. El presidente de la Xunta se sentó con casi todos los principales bancos que operan en Galicia a firmar convenios de realojo para los más desfavorecidos e instauró una oficina de asesoramiento para las familias con problemas financieros. De nuevo en el ruedo político nacional se le presentó como pionero en medidas anticrisis y un modelo a imitar por parte del Gobierno central, pese a que algunas de ellas, como los pactos con la banca, estaban en marcha para el conjunto del Estado desde hacía tiempo.
| Su propia reforma fiscal. Fue una de las promesas estrella del PPdeG para batir al bipartito en su primera victoria en abril de 2009. Pero la cruda realidad les obligó a dejar en el cajón su intención de bajar los impuestos. Feijóo lo hizo a finales de 2013. El tramo autonómico del IRPF descendió del 12% al 11,5% para todos aquellos contribuyentes que no superaran los 17.700 euros anuales. A eso se agarró para no secundar el recorte que el Ministerio de Hacienda aplicó para 2015 y los gallegos solo se aprovecharon ese año de la mitad de la reforma de Cristóbal Montoro. Galicia tuvo la suya propia en este 2016: nuevos tramos del IRPF para beneficiar, según Facenda, al 98,5% de los hogares; mínimo exento en Sucesiones hasta los 400.000 euros; e "impuestos cero" en el rural. En total, 140 millones de euros. Lo que por el momento no quiere tocar el Ejecutivo autonómico es su parte del impuesto de Hidrocarburos, el antiguo céntimo sanitario. Desde 2014, la comunidad arrastra los tipos más altos -4,8 céntimos por cada litro de combustible-, lo que ha consolidado su posición como la autonomía peninsular con los carburantes más caros.
| Los quebraderos del envejecimiento y la bajísima tasa de natalidad. No son, desde luego, un problema nuevo. Males crónicos ambos. Lo diferente es que por fin están en la agenda pública de Galicia. La Xunta mejoró las bonificaciones fiscales por segundo y tercer hijo, pero hasta Feijóo reconoció que con eso no iba a ser la panacea. Todo apunta a que tampoco lo será la decisión de impulsar desde este año el pago de 1.200 euros repartidos en 12 mensualidades para las familias con menos recursos que acaben de tener un hijo, a imagen y semejanza del polémico "cheque bebé" que ideó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Los proyectos para la mejora de la conciliación acumulan este ejercicio 66 millones de euros e incluyen 1.800 nuevas plazas de guardería, casa nido o escuelas infantiles en polígonos industriales. En 2015 en Galicia hubo 19.412 nacimientos. La cifra más baja en los últimos 13 años. La población volvió a reducirse en casi 12.300 personas.
| La cara y la cruz de la industria. Que Galicia no pierda el tren de la nueva revolución industrial es una auténtica obsesión en San Caetano. Pero también una necesidad. El conselleiro responsable del área, Francisco Conde, tiene en marcha un denso paquete de medidas para la llamada "Industria 4.0" para potenciar nuevos nichos de mercado como los drones o la biotecnología y la reinvención de sectores estratégicos en Galicia como la automoción, el textil o el naval. En este último caso, a la espera de cómo evolucionarán los pedidos tras la tregua en la sequía de los últimos años. Especialmente el futuro de Pemex, en una gravísima crisis, como dueño de Barreras. La Xunta tuvo que lidiar además con los efectos de una reforma energética que dejó a la mayoría de parques eólicos sin retribución. Casi seis años después de abrir el concurso que iba a traer 6.000 millones en inversiones y 13.000 empleos, no hay ningún molino colocado e Industria no tuvo otro remedio que facilitar una vía de renuncia. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo tumbó este año la subasta y obliga a volver a revisar las ofertas. La Xunta reitera la legalidad del proceso y ha recurrido.
| El guiño a los trabajadores públicos. Entre las primeras leyes de la Xunta esta legislatura que termina está la de racionalización de la administración pública con la finalidad de evitar duplicidades. Desde 2012, uno de cada cuatro entes de la administración paralela desaparecieron. Los trabajadores públicos reciben este año la paga extra de 2012. Feijóo sacó pecho. Galicia era una de las primeras regiones en hacerlo. A lo que siguió el levantamiento del veto en la oferta pública de empleo, que en 2016 alcanza las 2.378 plazas.
| El enfado del mar y el campo. De nuevo la leche. Los ridículos precios que reciben los ganaderos, pese a los intentos de acuerdos con la industria que auspició el Ministerio de Agricultura, llevaron a miles de afectados a la calle. Los tractores tomaron durante días las calles de Santiago y de Lugo. Los pescadores dejaron la otra gran protesta sectorial de la legislatura, con enfrentamientos directos con Feijóo en actos públicos. En su caso, por los problemas del cerco y el reparto de cuotas y por los daños que preveían con la nueva ley de acuicultura. Una norma fallida. La Xunta dio marcha atrás. "No la habrá -asumió el presidente de la Xunta- hasta que el sector la quiera".
| Sin noticias de la investigación de las cajas. Por el Parlamento pasaron los antiguos directivos de Caixanova y Caixa Galicia, trabajadores y algunos de los artífices de la fallida fusión -incluido Feijóo-, a excepción de la que era conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Fue en junio y julio de 2013. Todo quedó a expensas de un dictamen en el que se debería dirimir qué ocurrió para que el sistema financiero gallego estallara por los aires. No llegará tampoco en esta legislatura.
| Angrois, el día más triste. La Xunta afrontó un drama social sin precedentes con el terrible descarrilamiento del Alvia el 24 de julio de 2013. 81 fallecidos. Más de 140 heridos. El caso pivota ahora en la orden judicial de reapertura de la instrucción que inicialmente terminó con la única imputación del maquinista y la petición de la UE de una investigación objetiva. Feijóo avaló públicamente el mes pasado, coincidiendo con el aniversario de la tragedia, la necesidad de otro informe "independiente, sólido e incuestionable".
