Los casos de corrupción que dieron de lleno en el concello de Santiago durante la etapa de Gerardo Conde Roa como alcalde de Santiago y la condena a la mayoría de los ediles del PP que siguieron en el gobierno obligaron a Feijóo a prescindir de uno de sus hombres de confianza en el Gobierno autonómico, del entonces conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, que pasó a ser el regidor de la capital. Hasta entonces, el problema de la mala gestión pública solo se había entrometido en la trayectoria de la Xunta con las acusaciones a altos cargos del Igape por el caso Dorribo en la recta final de la legislatura anterior. Lo gordo vino después. Con los cursos de formación y la operación Zeta.
Un presunto fraude en subvenciones y adjudicaciones públicas en fondos destinados a la formación por un importe que ronda los 20 millones de euros y que tiene como protagonista a Gerardo Crespo Riestra, responsable de la innumerables entidades que, según el sumario, se crearon a propósito para acceder a esos fondos. En la larga lista de personas que han tenido que declarar y que acabaron investigados está el que fue director xeral de Traballo de la Xunta, Odilo Martiñá, que precisamente dimitió un día antes de su citación, cuando todavía no se sabía si podía estar implicado. La investigación incluía al empresario Pachi Lucas, del círculo de amistades de Feijóo, lo que provocó numerosas discusiones en el Parlamento con la oposición.
La operación Patos, que investiga contratos en varios concellos de Pontevedra, se llevó por delante a la que fue la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosh.
