El censo de damnificados por la vertiginosa reforma energética que nació con el freno de las primas a las renovables en la recta final de la última legislatura socialista y que el PP amplió y completó a su regreso a la Moncloa es larga y va más allá de las centrales limpias convencionales. Eólica, las pequeñas hidroeléctricas y la biomasa sufren todavía las consecuencias del fin de las subvenciones a su producción, pero también las fábricas que utilizan sus propios procesos internos para generar electricidad, ahorrar en la factura e incluso sumar un plus en sus ingresos padecen las consecuencias del cambio de reglas, uno de los giros legales más judicializados en la historia reciente del país. Es el caso de la cogeneración, con fuerte implantación en Galicia, o de Sogama, que dispone de una termoeléctrica que se alimenta de los residuos tratados en sus instalaciones. La "preocupante" situación en la que quedaba la empresa, como ella misma reconocía, se alivió durante las negociaciones de la nueva ley eléctrica entre la Consellería de Economía y el Ministerio de Industria. Sogama pasó a tener un régimen retributivo propio. La otra batalla pasaba por la reclamación multimillonaria del Estado por las primas que la sociedad cobró de más tras la decisión de la Xunta de modificar su clasificación operativa para, precisamente, elevar su remuneración. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le dio la razón al Gobierno central. Sogama devolvió 17 millones de euros. Pero ahora el Supremo abre la puerta a que los recupere tras reconocer el derecho de reclamación de la compañía.
Aunque en principio descartó el recurso de casación con el argumento de que ni la Xunta ni Sogama cumplieron "en tiempo y forma" los trámites, el alto tribunal ha "reexaminado la causa de inadmisión" y sostiene en un auto que acaba de emitir que "se aprecia que la misma no concurre". Lo que significa que la administración autonómica -con un 51% del capital, el 49% en manos de Gas Natural Fenosa- y la propia Sogama pueden continuar con la guerra legal. El Supremo, además, admite su recurso de casación, fundamentado, entre otros motivos, en que el Estado solo podría haber reclamado las cantidades recibidas en subvenciones de cuatro meses y no los dos años que contempló la sentencia del TSXG.
"Lógicamente, la valoración que hacemos es de satisfacción, ya que seguimos defendiendo la clasificación que en su día planteó la Consellería de Economía e Industria -apuntan fuentes de Sogama-. No obstante, debemos ser prudentes y esperar a que se dicte sentencia sobre este asunto". Si el fallo fuera favorable, la empresa pública que trata la basura del 94% de los concellos, recuperaría las primas que cobraba antes de la reforma energética. El recorte fue una de las causas de la polémica subida de la tasa que cobra a los ayuntamiento por los residuos y que ahora considera "ineludible" bajar, aunque no antes de 2019.
A pesar de esa espera por la sentencia definitiva, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), optó el pasado año por realizar la estimación de reintegro y pedir a Sogama que devolviera el montante, 16,725 millones de euros: 2,5 millones por 2011; 8,4 millones por 2012; y 5,8 millones correspondientes a 2013. Así lo recoge el informe de las cuentas de la compañía de 2015. El desembolso de la primas tras "el apresurado", en palabras de Sogama, movimiento de la CNMC, mermó el beneficio del pasado ejercicio, con 1,8 millones de euros tras un incremento del 6,7% en los ingresos por la venta de energía (52,7 millones de euros).
