Con mucha diferencia sobre el resto, las pensiones protagonizan el capítulo de mayor peso en los Presupuestos Generales del Estado. Prácticamente cuatro de cada diez euros de gasto. Este 2016 alcanzan un total de 135.500 millones de euros. Y la factura no deja de crecer año tras año por el envejecimiento de la población. La magnitud del desembolso para retribuir a los jubilados, la viudedad, a los huérfanos, pero también otros pagos importantes de los que se hace cargo la Seguridad Social como las bajas laborales, da una idea muy clara de la importancia que tiene que todos esos pagos sean correctos. Sin embargo, la revisión que el Tribunal de Cuentas acaba de publicar sobre los sistemas que emplea el organismo para controlar las deudas de aquellos ciudadanos que recibieron una prestación que no les correspondía habla abiertamente de defectos varios y "lagunas" en el procedimiento. Basta un ejemplo. En casos de fallecimiento, el tiempo que transcurre entre la muerte del beneficiario y la solicitud de la administración para el reembolso de alguna cantidad que se siguió percibiendo supera los 15 años, "lo que evidencia que el actual sistema de control presenta significativas deficiencias". Como el Tribunal de Cuentas adelantó el pasado jueves, en 2014 se abonaron 30.000 pensiones de personas ya fallecidas, con un importe de 25 millones de euros, a los que se suman otros 328,2 millones en deudas pendientes de recuperar por otros motivos, de las que 27,5 millones eran de gallegos.
Es el quinto mayor saldo entre todas las comunidades, por detrás de Cataluña (72,8 millones), Andalucía (56), Madrid (42,2) y Comunidad Valenciana (37,4 millones). Por provincias, según los datos recogidos en el informe de fiscalización de Cuentas, A Coruña está a la cabeza de los deudores en prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la comunidad, con 9,6 millones de euros. Le sigue Pontevedra, donde se alcanzan los 9,3 millones, mientras que en Ourense son cerca de 5 millones y 3,6 millones en Lugo.
El balance no detalla los tipos de cobros indebidos por cada comunidad, pero sí las causas generales en todo el país. El 43,6% de los expedientes están relacionados con la supresión de los mínimos por ingresos, también en las contingencias comunes (9%).
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¿Cómo evolucionan estas cantidades? Cada año se recupera tanto como nueva deuda se genera. A final de 2013, el montante pendiente de cobro ascendía a 364,8 millones. En el año siguiente, el analizado por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades detectadas alcanzaron los 189,6 millones y se logró el reembolso de 207,8 millones, por lo que el resultado final al cierre de 2014 son esos 328,2 millones de euros.
El organismo destaca que no existía al menos entonces en la Seguridad Social un manual para la gestión y tramitación de los cobros indebidos de prestaciones, "contando únicamente con instrucciones dictadas por la Dirección General pero referidas exclusivamente a las deudas que debían ser objeto de depuración y a las actuaciones a realizar, la notificación a los interesados y al análisis individualizado sobre el mantenimiento del complemento a mínimos".
Lo más polémico del resultado de la fiscalización son las 30.000 pensiones abonadas tras la muerte del titular. Algo que ayer la Seguridad Social negó "con rotundidad". Una vez verificado el fallecimiento, el organismo lo comunica a la Tesorería General y esta se lo traslada a la entidad financiera colaboradora que se encarga del pago. Si se realizó al menos el abono de una mensualidad que no correspondía, la Seguridad Social inicia el llamado proceso de "retrocesión bancaria" para recuperar el dinero. Según los datos de la Subdirección General de Gestión de Prestaciones que Cuentas incluye en su informe, el número de retrocesiones bancarias en 2012 fueron 92, con 4,1 millones de euros; 78 en 2013, por un importe de tres millones; y 63 en 2014, con 3,1 millones de euros. En esos tres ejercicios, hubo tan solo 26 retrocesiones sobre pensionistas gallegos con cantidades ya prescritas por la tardanza que el tribunal describe en los trámites. Las cantidades suman 990.000 euros de un total de 10,284 millones en el conjunto del Estado, con 233 casos.
Empleo asegura que el riesgo de pagar a un fallecido es "prácticamente nulo o inexistente"
- El Ministerio de Empleo negó ayer "de forma clara y rotunda" que la Seguridad Social esté abonando a casi 30.000 personas fallecidas una pensión pública, como desvela el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de los sistemas que el organismo tiene para el seguimiento de las deudas a partir del cruce de datos de la nómina de pensiones públicas con el de fallecimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El 95%, según el balance, seguía figurando como perceptores en octubre de 2015, pese a que los errores se remontan al ejercicio anterior.Pero estos datos, según Empleo, "no se corresponden con la realidad". La Seguridad Social controla las defunciones de pensionistas a través de cuatro vías: el intercambio diario y automático de datos de defunciones con el Ministerio de Justicia; intercambio mensual de datos de defunciones con el INE; detección de fallecimientos por las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y la obligación para los residentes en el extranjero de presentar anualmente una fe de vida. Y que este procedimiento garantiza el máximo rigor en el abono de las pensiones. "El riesgo de falta de detección del fallecimiento de un beneficiario de pensión es prácticamente nulo o inexistente", defiende.
