La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 27 años de cárcel para el integrante de la organización terrorista Resistencia Galega, Raúl Agulleiro Cartoy, por atentar contra el Ayuntamiento de Baralla (Lugo) el pasado 2 de octubre de 2014. El juicio oral se celebrará el miércoles y jueves de esta semana. Agulleiro se enfrenta a los delitos de pertenencia a organización criminal, depósito de aparatos explosivos y estragos terroristas.
El fiscal pide seis años de prisión por pertenencia a organización criminal, otros seis años por el depósito de aparatos explosivos y quince años de cárcel por los estragos terroristas; y la inhabilitación absoluta superior a 10 años al de la duración de las penas de privación de libertad impuestas en la sentencia y libertad vigilada durante nueve años, además de 10 años de inhabilitación especial para empleo público por la pertenencia a grupo terrorista.
El joven se encuentra en prisión provisional desde el 6 de octubre de 2014, cuando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó su ingreso en prisión incondicional por estos hechos, al considerarles, tras tomarle declaración, indiciariamente autor del atentado contra el consistorio gallego. El juez justificó su envío a la cárcel por su "peligrosidad procesal", ya que a pesar de tener arraigo en España, la gravedad de la pena a la que podría ser condenado podría constituir una "tentación suficientemente intensa como para tratar de ponerse fuera del alcance del aparato judicial en caso de ser puesto en libertad".
Plano de Pontevedra
El auto del magistrado constató que tenía en su domicilio de Santiago un plano de la ciudad de Pontevedra en el que aparecían "anotaciones manuscritas y marcados con círculo rojo o algún tipo de señal" las sedes del PP, el Ayuntamiento de la ciudad, la Residencia Militar y otros edificios oficiales.
Argulleiro también guardaba en su vivienda un juego de placas de matrícula, dinero en efectivo y material informático sobre la manipulación y activación de artefactos explosivos como el de Baralla, así como información sobre "potenciales objetivos de ataques terroristas referidos a personas, organismos públicos y empresariales y sedes de partidos políticos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
