El juez ordena abrir juicio por la operación Campeón y pide a diez imputados 4,5 millones de fianza

La instrucción se inició hace seis años e implica a tres cargos del Igape por la trama de la obtención de subvenciones fraudulentas

14.06.2016 | 02:34
Jorge Dorribo. // Efe

Seis años después de iniciarse la instrucción, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha decretado la apertura del juicio oral por la llamada operación Campeón. Esta investigación judicial gira en torno al empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo -el principal imputado- como eje de una supuesta trama para la obtención de subvenciones fraudulentas de la Xunta a través del Igape. El juez, Sergio Orduña Alonso, mantiene la acusación formulada por el fiscal contra trece personas -tres de ellas con cargos en el Igape en el momento de abrirse la investigación- y a diez les reclama una fianza de 4,56 millones de euros en total.

El grueso de la instrucción de esta causa la dirigió la juez lucense Estela San José, ahora con nuevo destino en Huelva. Durante el proceso llegó a imputar a medio centenar de personas, pero por el camino se fueron desestimando algunas y la investigación principal se desgajó en varias piezas, como la que afecta al exconselleiro de Industria Fernando Blanco. De la relación inicial se cayó el exministro de Fomento José Blanco, cuyo caso llegó al Tribunal Supremo y determinó el sobreseimiento del caso al no encontrar indicios de que el político lucense hubiera aceptado un soborno de Jorge Dorribo para mediar ante el Gobierno central en favor de las empresas del farmacéutico. También decayó la imputación del que fuera alcalde de Lugo, el socialista Xosé Clemente López Orozco.

La trama de la Campeón tenía el foco en el cobro de subvenciones fraudulentas procedentes del Igape por parte de Dorribo y sus empresas, con Laboratorio Nupel en el centro de la trama. De hecho, dos excargos del Instituto de Promoción Económica figuran imputados en la causa: el vigués Joaquín Varela -que era el director general de la entidad-, y el entonces subdirector de Información Carlos Silva Liste, que fueron relevados de sus cargos en 2011. Cristina Quintela Sánchez también está investigada pero sigue en el área de Financiación del Igape. A cada uno de ellos se les acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública. La Xunta, que ejerce la acusación particular, no actúa contra ninguno de ellos.

Pero el principal imputado es Jorge Dorribo, considerado el organizador de la trama para conseguir subvenciones públicas de forma fraudulenta e intentar así reflotar sus empresas. El juez le imputa nueve delitos, como blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad documental, cohecho o contra la Hacienda Pública y la Fiscalía pide para él 24 años de cárcel. La Xunta, como acusación particular, sostiene que ha cometido siete delitos. Y además es el único imputado contra el que actúa la Agencia Tributaria, acusándole de dos delitos contra la Hacienda Pública.

Dorribo habría utilizado el Igape para lograr una subvención de casi un millón de euros y para obtener otros 2,9 millones mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Según se recogía en el sumario, las ayudas percibidas no fueron destinadas a los objetivos para las que se habían solicitado.

También figura imputado el que fuera diputado autonómico del PP Pablo Cobián, a quien la Fiscalía apunta por tres delitos y por los que tuvo que dejar el escaño en su momento. La Xunta, por su parte, tampoco presenta cargos contra el exparlamentario.

Los otros investigado son los socios de Dorribo Arsenio Méndez y Carlos Monjero, además de Marcos Prieto como presunto responsable de una empresa que ofrecía facturas falsas al farmacéutico; José Manuel Expósito, gestor de una oficina donde Dorribo realizaba determinados trámites; Inmaculada Abuide, Isabel Fernández, Araceli González y Javier Rodríguez.

Para diez de los imputados, el juez que heredó la causa tras el traslado de Estela San José les reclama una fianza "conjunta y solidaria" de 3,942 millones de euros (Dorribo, Arsenio Méndez, Carlos Monjero, Javier Rodríguez, Cobián, Joaquín Varela, Cristina Quintela, Araceli González, Marcos Iglesias e Isabel Fernández). El instructor dice que es para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles". Pero además, el juez requiere una fianza específica y adicional a Jorge Dorribo por otros 621.610 euros.

En las dos situaciones, el magistrado advierte en caso de no depositar la fianza se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

Ahora será la Audiencia Provincial de Lugo la encargada fijar la fecha de apertura del juicio oral. Contra el auto en sí no cabe recurso, pero sí contra la situación personal de los acusados.

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