Un total de 585 trabajadores sociales que trabajan en los ayuntamientos a sueldo de la Xunta recibirán una subida salarial de un 12% que podrá permitirles ingresar hasta 2.100 euros al año más. El "giro social" anunciado por el Ejecutivo tras los varapalos electorales del año pasado sufridos por el PP han supuesto varias medidas para atender a diversos colectivos, las últimas de ellas anunciadas en mayo, a punto de iniciarse la campaña de las elecciones generales y con las autonómicas de octubre.
La última de las decisiones del departamento que dirige José Manuel Rey afecta al personal del Plan Concertado. Se trata de trabajadores municipales financiados directamente por la Xunta en función de unas tarifas salariales por grupos profesionales. Estos precios no habían variado desde 2012, pero el Ejecutivo ya maneja un decreto que prevé aprobar en semanas para reducir ese listado de categorías y subir un 12% su sueldo. El decreto del año 2012 que regulaba estos salarios establecía la posibilidad de actualizarlos para adaptarlos "a las variaciones del IPC gallego", pero no ha sido hasta ahora, a las puertas de los comicios generales y autonómicos, cuando la Xunta ha decidido subirles los sueldos.
De nueve categorías, aunque salarialmente eran seis, se pasa ahora a cinco. El aumento salarial es del 12%, lo que para el grupo A1 de licenciados pasan a significar 20.229 euros al año, es decir, 2.167 más por ejercicio. En el caso de las agrupaciones profesionales, el que menos titulación requiere y menos horas trabaja, sube hasta los 9.426: 1.010 euros más.
Este personal está encargado de los llamados servicios sociales comunitarios. Los concellos comunican cada año sus gastos a la Xunta, que los financia. De hecho, el Ejecutivo prevé darles un mes a partir de la aprobación de esta norma para que recalculen el coste de sus empleados.
Su guiño no acaba ahí, pues el Plan Concertado contará con 13,5 millones este año y supondrá más personal para los concellos. Así, la plantilla financiada pasará de 543 trabajadores a 596. Los 462 trabajadores sociales sumarán 38 personas más, y los titulados superiores pasarán de 28 a 43. Se mantienen los 42 educadores, a los que se suman 11 plazas de otros cuerpos, según Política Social, que no responde al motivo de acometer este año la subida salarial a este colectivo. Al margen del plan, la Xunta contratará 117 personas para los servicios sociales municipales.
En mayo, la Xunta ya desgranó el destino de los fondos extra que podrá gastar tras congelar el Gobierno el límite del déficit en el 0,7%, que permitirán reducir listas de espera, reeditar el cheque bebé de 1.200 euros en 2017 y mejorar colegios. Antes de iniciarse la campaña de las generales esta semana, también anunció que destinará a los concellos un 26% más de fondos contra la pobreza. Serán 126 millones.
Los 90.000 trabajadores del Ejecutivo recuperan casi todas sus pagas
- Los más de 90.000 empleados públicos de la Xunta fueron víctimas desde 2010 de severos recortes en sus nóminas antes de que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero dejase el Gobierno y fuese el popular Mariano Rajoy quien ganase las elecciones de 2011. La Xunta ha ido paliando parte de esos recortes, que en 2012 afectaron a la paga extra de Navidad y un año después a un complemento específico que suponía alrededor de 1.080 euros anuales. Además, este personal también perdió parte de pagas autonómicas , días libres y vio como se penalizaban más sus bajas laborales.Sin embargo, la mejora de las cuentas públicas -a pesar de que a nivel estatal España ha vuelto a incumplir los límites de déficit- y la cercanía de las elecciones han provocado que la Xunta restituya parte de esos derechos. Ya ha devuelto el 75% de la paga de Navidad y en septiembre saldará los últimos 450 euros pendientes de la misma. Además, el año que viene prevé restituir el citado complemento específico.El Ejecutivo también anunció que "entre agosto y septiembre" saldará la parte de la extra de 2013 correspondiente a ese complemento y que supone, en total, unos 180 euros mensuales. De esta forma, el Gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo acceder a las demandas sindicales, avaladas por varias sentencias judiciales. La medida costará 25 millones a las arcas autonómicas.
