Distintas asociaciones de emigrantes retornados y también marineros se manifestaron ayer ante el Parlamento de Galicia para reclamar el derecho a una "atención y una pensión justas" por parte del Gobierno.
Xosé Lois Leirós, secretario de la Asociación Marusía (conformada por emigrantes retornados de Suiza que trabajan con temas de integración, problemas burocráticos o de pensiones) explicó a los medios que "ya son tres largos años" los que llevan en lucha y que, según su punto de vista, se trata de "una lección a la sociedad de cómo se deben defender los derechos cuando son justos".
"Nosotros caímos en esa red como peces", protestó Leirós refiriéndose a la corrupción y a la ley aprobada en 2006 por el PSOE, y puesta en práctica por el PP en 2013, que obliga a los emigrantes retornados a tributar por sus pensiones.
Leirós calificó dicha ley como un "plan que el Gobierno español programó en su día para robarnos" y aunque es consciente de que "es una palabra que no es muy bonita", afirmó que "ha sido un robo sistemático de las pensiones de los emigrantes retornados".
Por su parte, Alberto Paz, portavoz de la asociación Long Hope, que reúne a marineros de toda la geografía española que trabajaron en Noruega y cuyas pensiones por esos años cotizados no están percibiendo, apuntó que hay que ser "solidarios". "No entendemos por qué el Gobierno español permite que se maltrate, menosprecie y abuse de sus mayores", expuso Paz.
En el Parlamento Gallego, al mismo tiempo, se trató el tema de los retornados. Los populares defendieron que la situación de los emigrantes mejoró en los últimos años y el Grupo parlamentario del BNG defendió la necesidad de realizar una campaña informativa sobre la tributación de las pensiones percibidas en el extranjero.
