La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de fallar, por tercera vez en menos de un año, a favor del Estado en los pleitos planteados por los inversores gallegos que en 2013 perdieron los 71 millones de euros que un año antes habían invertido en Novagalicia. Fue la factura que les dejó el intento fallido de mantener una entidad financiera bajo control del capital gallego y la llegada de los casi 5.500 millones de euros que recibió la entidad heredera de las cajas gallegas del rescate europeo. Inveravante, el holding familiar de Manuel Jove, fundador de Fadesa, perderá los 6 millones de euros que invirtió en NCG; la constructora ourensana Ranebe 2003, los dos millones que metió, y la naviera Metalships&Doks, perteneciente al grupo vigués Rodman, perderá los 100.000 euros que destinó a NCG, en contra de lo que había fallado el juzgado de Primera Instancia número 1 en diciembre de 2014. La sentencia dictada el martes por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial estima el recurso presentado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y Novagalicia (hoy Abanca) contra el primer fallo y no sólo les absuelve de reintegrar la inversión a los empresarios gallegos, sino que impone a los inversores el pago de las costas del juicio, celebrado en A Coruña hace casi dos años. Junto a estas tres empresas, pierden el proceso Santiago Rey Fernández-Latorre y José Luis Vázquez Mariño.

A las empresas sólo les queda ahora encontrar un fallo que en circunstancias similares dicte una resolución contraria para recurrir al Tribunal Supremo en casación, como hizo ya Gadisa. Hay un tercer caso, el del grupo de siete empresas, lideradas por Hijos de Rivera, que perdieron el juicio en Primera Instancia y también el recurso que presentaron ante esta misma Sección Quinta y con ellos los 20 millones que en total arriesgaron en el proyecto.

La sentencia acepta como en el caso de la firma cervecera todos los argumentos que la abogada del Estado que representó en el juicio al FROB, Adela Caramés, defendió durante el proceso y revoca la anulación del contrato de compraventa que los empresarios y el fondo de rescate bancario firmaron en enero de 2012. La letrada insistió en numerosas ocasiones en que ni el fondo de rescate ni el banco ocultaron información relevante sobre la situación financiera de Novagalicia ni el FROB sabía que el Gobierno del PP preparaba un real decreto que obligaría a inyectar más fondos en NCG y que en su conducta no concurrieron los elementos necesarios para determinar que fue dolosa. Pero la juez de Primera Instancia falló en contra.

El tribunal precisa que para que se considere que existió dolo como vicio del consentimiento o engaño malicioso debe ser probado por quien denuncia, debe haberse producido con "conciencia clara del fraude o la falsedad cometidos", lo que obliga a que la "actitud dolosa" se refiera a "hechos o circunstancias pasados o presentes, susceptibles de un conocimiento cierto".

"No cabe incluir en este vicio del consentimiento determinadas manifestaciones previas o coétaneas al contrato que, aunque tienden a magnificar las virtudes o ventajas de la operación[...]obedecen a un fin meramente publicitario, siendo fácilmente reconocible [...] el aspecto propagandístico e irreal de tales declaraciones", recoge el fallo.

La Audiencia advierte de la inexistencia de pruebas de que el fondo de rescate hubiera tenido contacto con los inversores hasta la firma del contrato de compraventa ni de su participación en el proceso de captación o la elaboración de los folletos e informaciones entregadas a los inversores. De hecho, exime a Novagalicia también de la autoría de esos folletos, que elaboró en realidad Novacaixagalicia. NCG Banco sólo informó, según la sentencia, de la entrada del FROB en su capital en 2011.

El tribunal advierte además de que era "público" que la caja gallega había sido valorada en 181 millones frente a los 1.711 que figuraba en su contabilidad y la inyección de 2.465 millones que hizo el FROB en ese momento y hasta advierte del "hecho notorio de que se trataba de un banco sobredimensionado antes de la fusión de las cajas". Justifica incluso como "previsible" el ajuste contable de 1.127 millones, con cargo al asiento contable de la fusión de las cajas, que el consejo de NCG concretó poco después de que los inversores entrasen en el capital del banco, en enero de 2012. La necesidad de la operación sin embargo había sido puesta sobre la mesa en el consejo de administración del mes anterior y no fue comunicada a los inversores.