El Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo arrancó ayer una ronda de toma de declaraciones a más investigados y a los primeros testigos de la causa principal de la Operación Patos. El único imputado interrogado fue Alberto Torres, de Ediserpo S.L., al que el fiscal atribuye la realización de presupuestos de acompañamiento para dar apariencia de legalidad a adjudicaciones. El empresario lo negó, rechazando pactos con la empresa Eiriña, epicentro de la trama investigada. E inicialmente también estaba citada ayer como investigada María Rita Peón, jefa territorial de la Consellería de Traballo e Benestar de la Delegación de la Xunta en Vigo -por la recolocación laboral de un funcionario y contratos de obras en los que presuntamente tenía "capacidad decisoria efectiva"-, pero la comparecencia se aplazó a septiembre.
A los que sí se recibió declaración fue a los tres testigos citados, relacionados con ese departamento de Traballo de la delegación viguesa. Carmen Bianchi, anterior jefa territorial, fue la primera en comparecer. A su salida dijo a los periodistas que le plantearon "cuestiones generales" de "cómo funcionaba la delegación", aunque precisó que hace ya "cuatro años" que dejó el departamento. Otras fuentes concretaron que se le realizaron preguntas sobre cuestiones relativas a adjudicación de obras sin que la testigo aportase respuestas concretas, entre ellas cuáles eran las funciones de la exdelegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, investigada en esta causa.
Cursos de formación
Tras ella declaró Susana Figueroa, jefa del Servicio de Coordinación Administrativa de la Consellería de Traballo en Vigo. Y después Ramón Díaz Carnero, jefe del Servicio de Empleo, al que preguntaron sobre la adjudicación de cursos de formación a Aulatel. Este hombre habló de la comisión de valoración de los cursos, desde un punto de vista técnico, si bien habría precisado que no vio irregularidades. Hoy están citados más testigos.
Y por otra parte investigados que en su día se acogieron a su derecho a no declarar a la espera del recurso de las escuchas telefónicas -ya resuelto- han comenzado a enviar escritos al juzgados solicitando ser citados de nuevo. Se trata del funcionario municipal de Vigo Gilberto Moldes y el técnico de la Autoridad Portuaria José Enrique Escolar.
