El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha aceptado la petición del fiscal Antonio Roma para declarar compleja la causa sobre el accidente del Alvia. El juez instructor, Andrés Lago, determina en un auto que la instrucción contará con un plazo de 18 meses a contar desde el 6 de diciembre de 2015 y no de seis meses como fija la nueva ley de enjuiciamiento criminal.
El proceso judicial, que el magistrado optaba por cerrar a finales del pasado año, pero que reabrió a finales de mayo la Audiencia Provincial de A Coruña a la luz de los recursos planteados por las víctimas y el abogado del maquinista, se prolongará como tope hasta el 6 de junio de 2017. El órgano judicial, en el auto con el que decidió la reapertura, observa indicios de que Adif no realizó la obligatoria evaluación de riesgos en la curva, lo que, de haberse hecho, según entienden los magistrados, hubiera conllevado la adopción de medidas de seguridad.
El magistrado Lago Louro, que por el momento mantiene al conductor como único imputado, destaca en el auto que la investigación se centra en "la posible perpetración de varios delitos de homicidio por imprudencia grave profesional", lo que "entraña dificultad para esclarecer este tipo de delitos" e implica la necesidad de recabar informes periciales que dificultan por su tardanza la conclusión de la instrucción dentro del plazo general de seis meses.
Por otra parte, los familiares de las víctimas ven una "grata noticia", tras recibir "siempre bofetadas" por parte de las instituciones, que la comisión de peticiones del Parlamento Europeo admitiese a trámite las dos denuncias presentadas por representantes de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 en su viaje a Bruselas el pasado noviembre. Entonces la plataforma presentó las dos denuncias contra el Estado español: una sobre un supuesto delito de publicidad engañosa e incumplimientos de la normativa europea de seguridad y otra acerca de las carencias de seguridad y la "ausencia" de evaluación de riesgos que presentaba la línea de alta velocidad Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente en el que fallecieron 80 personas y hubo más de cien heridos.
La presidenta de esta comisión. Cecilia Wikström, informó por carta a las víctimas de que la Eurocámara pidió un informe sobre el accidente a la Agencia Ferroviaria Europea por ser la encargada de "hacer recomendaciones a las especificaciones técnicas de la Comisión Europea sobre seguridad". Los familiares de las víctimas del Alvia celebraron la decisión de Bruselas. "Que acepten a trámite que España ha incurrido en publicidad engañosa y no cumple todas las normas de seguridad que estima la UE es una gran noticia", destacan desde la plataforma.
El colectivo también espera que la Comisión Europea se pronuncie sobre la publicación del análisis de la Agencia Ferroviaria Europea sobre el informe de la Comisión Española de Investigaciones Ferroviarias acerca de las causas de la tragedia en la curva de A Grandeira. Bruselas sopesa presentar el documento al terminar el juicio.
Mientras, en Galicia el Parlamento rechazó por cuarta vez crear una comisión de investigación sobre el siniestro con los votos del PP. Las iniciativas defendidas por el BNG y AGE recibieron solo el apoyo del Grupo Mixto. El PSdeG se abstuvo.
