El técnico cuyos informes fueron utilizados para aprobar, según el ministerio fiscal de forma irregular, las licencias de obra en el municipio de Viveiro que ahora están bajo la lupa de la Justicia y por las que se sienta en el banquillo de los acusados la actual alcaldesa de la localidad luguesa, María Loureiro, defendió hoy en la vista oral la legalidad de todo el trabajo realizado, además de asegurar que actuó con "libertad total", sin presión de ningún tipo por parte del gobierno local.

Junto a Loureiro, que se enfrenta a un posible delito de prevaricación urbanística durante su etapa como miembro del gobierno local que entonces dirigía el regidor, ya fallecido, Melchor Roel, comparecieron en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Lugo su teniente de alcalde y otros dos exconcejales -uno más no pudo estar presente a causa de una grave enfermedad- que formaban parte de la junta de gobierno que otorgó una docena de licencias por silencio administrativo, entre los años 2006 y 2008. Entre los investigados, además de los miembros de la junta de gobierno, también figura un técnico externo, al que el ministerio fiscal le imputa, demás de un supuesto delito de prevaricación urbanística, otro de falsedad documental, por lo que pide para él la pena más alta, cinco años de prisión, una multa de 6.000 euros y la inhabilitación para ocupar empleo público durante seis años.

El ministerio fiscal considera que "la vía del silencio administrativo fue utilizada en algunos casos de un modo acorde al ordenamiento jurídico", pero incide en la ilegalidad del sistema utilizado para aprobar un total de 13 licencias, para la construcción de 645 pisos, cinco viviendas unifamiliares y un derribo. Sostiene que para aprobar esas licencias, cuya legalidad está en tela de juicio, "se utilizó como subterfugio o artificio" el "informe" de ese técnico, que "no tiene acomodo alguno en el ordenamiento jurídico vigente". Una "excusa", sostiene el ministerio público en su escrito de acusación, para "la adquisición de licencias por silencio administrativo" que no era posible "aprobar por ninguna otra vía legal".

El citado técnico fue el primero en prestar hoy declaración en la vista oral y, a preguntas de la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, insistió en la legalidad de todos y cada uno de los informes presentados, además de asegurar que siempre actuó con "libertad total" y que por parte del gobierno local ni siquiera llegó a percibir "interés" por la aprobación de ninguna licencia. En cuanto a su presencia en el Ayuntamiento, comentó que no fue contratado para rebatir los informes del técnico municipal titular, porque eran contrarios a la aprobación de determinadas licencias, sino para cubrir una baja. Además, precisó que el hecho de que siguiese emitiendo informes mucho tiempo después de haber concluido los tres meses de duración de su contrato, formalizado a razón de 10.000 euros, fue debido a que su relación contractual establecía que tenía que informar "todos los expedientes pendientes" en servicio de Urbanismo municipal y entendía que era su "obligación".

De hecho, aseguró que cuando firmó el contrato no tenía información sobre el volumen de trabajo acumulado, pero tuvo que informar más de 150 expedientes para el Ayuntamiento de Viveiro, la mayoría una vez finalizados esos tres meses. La Fiscalía pide para María Loureiro, que hace una semana pidió la baja en el PSdeG, una pena de 15 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, en su caso por darle el visto bueno como miembro de la junta de gobierno a la licencia de una edificación cuya legalidad defendió el técnico investigado durante su declaración.

Antes de entrar en el juicio, María Loureiro aseguró sentirse "tranquila" y mostró su disposición a "declarar" para defender en sede judicial que ni ella ni sus compañeros cometieron "irregularidad" alguna. "Confiamos plenamente en la Justicia", dijo la regidora local, quien también se mostró convencida de que saldrá absuelta, al igual que "todos" sus compañeros.