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Valverde: "El urbanismo no debe ser un mecanismo de los municipios para financiarse"

"Se clasifican suelos, no por criterios técnicos, sino para recaudar más"

Rafael Fernández Valverde, ayer, en la EGAP, en Santiago. // X. Álvarez

Unas jornadas organizadas por la Xunta sobre urbanismo han reunido en Santiago a expertos, inspectores, arquitectos y miembros de la judicatura, entre ellos el magistrado y presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo y vocal del Poder Judicial, Rafael Fernández Valverde, que, entre otras cosas, alertó de la próxima entrada en vigor de una nueva normativa europea que obligará a los planes de ordenación urbana a someterse a una evaluación sobre el grado de impacto del urbanismo en el cambio climático y viceversa.

-¿Cuáles son las comunidades más conflictivas en materia urbanística?

-Ha sido muy conflictiva Valencia por aplicar un sistema urbanístico nuevo que ha generado tensiones dentro de muchos municipios de la zona valenciana, en materia, por ejemplo, de contar con recursos hídricos. Es muy conflictivo también Canarias y Andalucía no se queda a la saga.

-¿Y Galicia?

-En Galicia son problemas más bien de ejecución y disciplina urbanística.

-¿Y por qué aquí tenemos más feísmo?

-Le pasa como a Canarias, tiene unas edificaciones muy dispersas. La UE tiene la idea de que se avance hacia una ciudad compacta. Eso es incompatible con una orografía como la gallega y la canaria. El problema aquí es determinar hasta donde llega un asentamiento rural, un núcleo rural, y que pueda considerarse suelo urbano. No estamos en presencia de un suelo uniformado. De ahí que al final las edificaciones se corren hacia una zona protegida y aparece la construcción ilegal.

-¿Es suficiente el control sobre el urbanismo?

-La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha funcionado magníficamente. Hay una buena gestión. Su actuación es modélica. En comparación con comunidades como Canarias, Cantabria o Andalucía, está a años luz.

-¿Qué le parece la medida de la Xunta de obligar a los propietarios al remate de las fachadas?

-Es una política magnífica. Es obligación de la Administración mantener el ornato de las viviendas y las casas no pueden estar a medio hacer.

-¿Es bueno delegar competencias urbanísticas en los ayuntamientos?

-Hay que partir de algo que está en la Constitución y que es la autonomía local. Y lo que está claro y es evidente es que el urbanismo no puede ser un mecanismo de financiación de los municipios. El urbanismo parte de dos premisas: la autonomía local y la discrecionalidad técnica. Yo, ciudadano de Ferrol o de cualquier otro punto de Galicia, tengo derecho a intervenir en el dibujo de mi ciudad y tengo derecho a intervenir a través de procedimientos democráticos en cómo yo quiero que sea mi ciudad. Y, en segundo lugar, esto tengo que hacerlo con criterios técnicos y evidentemente ése es el gran problema. Cuando los criterios políticos sustituyen a los criterios técnicos. Y se clasifican suelos, no por sus valores paisajísticos, medioambientales o por las necesidades, sino porque de esa forma se consigue una mayor financiación. Hubo intentos en algún municipio, no en Galicia, donde con 1.000 habitantes se pretendían aprobar planes generales durante ocho años y subir a 140.000 habitantes.

-¿Y cómo se consigue que el urbanismo deje de ser la principal fuente de financiación de los ayuntamientos?

-Hay que buscar otros mecanismos de financiación que no sean el urbanismo.

-En Vigo la suspensión del Plan de Ordenación Urbana por faltar el trámite de evaluación ambiental puso en riesgo proyectos estratégicos. ¿Debería ser más ágil introducir cambios o reformar planes urbanísticos?

-No ha pasado solo en Vigo sino en muchas comunidades. Ahora hay una nueva evaluación que es la evaluación invertida o evolución inversa que va a coger con el pie cambiado a la mayoría de los municipios. La normativa entra en vigor en mayo del año que viene. No solo se deberán evaluar los perjuicios de un plan urbanístico sino valorar también el cambio climático, cómo el proyecto va a incidir sobre el cambio climático y como el cambio climático influye sobre el proyecto. Queda menos de un año y tendrán que tenerlo todos los planes.

-¿Y este nuevo trámite podría retrasar aún más la tramitación de los planes urbanísticos?

-Es un requisito más. Yo creo que cada corporación municipal debe tener derecho durante su mandato a tener su propio plan y para ello hay que simplificar los trámites. Tienen que tener los requisitos generales que hagan falta y participación ciudadana, pero no debe demorarse más de un año. Porque cada corporación tiene derecho a plasmar su programa en la configuración de la ciudad. Si los planes se eternizan, los coge la corporación siguiente y no le gustan, se vuelve atrás y luego hay una legislación a la que adaptarse. Es difícil. Hay que simplificar la tramitación.

-Pero, ¿es bueno que haya un cambio de plan urbanístico cada vez que se cambia de gobierno municipal?

-No. Pero por eso la razonable es lo que se hace en Valencia. La comunidad autónoma aprueba un plan estructural, una especie de marco, y luego hay un plan pormenorizador o concretizador que aprueba el municipio y que es mucho más rápido.

-¿Y la justicia no debería ser también más rápida en resolver conflictos urbanísticos?

-Debe ir más rápido en todos los sentidos. Pero nos estamos moviendo de forma lenta pero con normalidad en estos asuntos.

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