Los votos del PPdeG y el PSdeG, frente a la abstención del BNG y el Grupo Mixto y el rechazo de AGE, avalaron la entrada en la Cámara de la proposición de ley de medidas urgentes para actualizar el sistema de transporte público de Galicia. La norma, que ahora comienza su tramitación parlamentaria, ha sido impulsada por el grupo mayoritario para salvar el fallo del Tribunal Supremo (TS) que anula la prórroga de 129 concesiones de transporte de viajeros por carretera. En tres artículos en los que se propugna la promoción del transporte público y de la intermodalidad, así como la modernización del servicio, se incluye la elaboración de un plan de transporte en la comunidad, que ha de estar finalizado en 21 meses.

Precisamente este punto fue el más criticado por los grupos minoritarios en el Pazo do Hórreo, que se han opuesto a la admisión a trámite de esta propuesta legislativa. Y es que tanto Juan Fajardo (AGE) como Consuelo Martínez (Mixto) interpretan esta medida como una vía para “asegurar el negocio” de “sus amigos” de las empresas de transporte. “No hablan de la situación de los trabajadores, sólo del negocio de las empresas”, recalcó el parlamentario de Alternativa desde el convencimiento de que al PP “le dan igual” los pasajeros y los empleados del sector. Además, ha advertido de que esta “chapuza” para solventar la “cafrada” de las prórrogas anuladas por el TS demuestra que “los buenos gestores en realidad no lo son”.

Tanto Francisco Jorquera (BNG) como Raúl Fernández (PSdeG) cuestionaron la conveniencia de este proyecto normativo y también el procedimiento “chapucero” para arreglar el “desaguisado” causado por la Xunta. “Pese a las advertencias de ilegalidad de las prórrogas, estuvieron siete años sin hacer nada”, ha acusado el nacionalista, quien ha lamentado que no se pueda analizar en detalle el modelo de transporte porque “hay que dar una solución de urgencia al problema creado” por el PP en la Xunta. “Frente a su incompetencia, nuestra responsabilidad”, ha sintetizado el sentido de su voto, toda vez que “lo prioritario” es seguir dando el servicio y mantener el empleo.

En la misma línea se proncunió el socialista ourensano, quien ha recriminado a los representantes del gobierno gallego que “andaban a los biosbardos” en lugar de dar una solución al transporte por carretera. De hecho, reprobó que sus únicas acciones pasaron por “culpar al bipartito” y cuestionar el fallo judicial. Raúl Fernández recordó que la “soberbia” y la “prepotencia” de los populares les “impidió” respaldar una propuesta de su grupo para solventar las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo.

En su turno de cierre del debate, Jesús Goldar (PP) ironizó con el “travestismo político” o la “apropiación indebida” de las iniciativas por parte del PSdeG, pero ha agradecido, y también al BNG, que hayan optado por “no obstaculizar la solución al problema”. A los que “juzgan” y “se creen mesías o elegidos en posesión de la verdad” les reprochó que “parece que les importa poco, casi nada o nada” la situación del transporte por carretera en Galicia. El objetivo del PP es “asegurar la prestación del servicio a todos los usuarios con garantías” y “dar máxima seguridad jurídica a los operadores”. Goldar confía en contar con las “aportaciones” de todos los grupos a lo largo del trámite parlamentario frente a “un grave problema” que “pone en riesgo a miles de personas” que trabajan en “un sector fundamental para la economía de Galicia”. “Tenemos la obligación de protegerlo”, subrayó.