Los fiscales han tratado de salvar los plazos para clasificar como "complejas" o "sencillas" las miles de causas penales abiertas en los juzgados del país pero sin hacer una revisión rigurosa. Ante una misión que ya fue calificada como "imposible" por la propia Fiscalía Superior de Galicia antes de que se pusiese el contador a cero, el pasado 6 de diciembre, los fiscales empezaron la semana pasada a dictar prórrogas en masa para impedir que miles de asuntos se cerrasen en falso, sin poder pedir más pruebas ni practicar acusación contra nadie. Es la medida "extraordinaria" que ideó en la última semana del proceso la Fiscalía General del Estado para garantizar la clasificación de todas las causas pendientes. "Es una solución raquítica pero la única que podría permitir que no hubiera impunidad", reconoció ayer el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia y presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz. En tan solo dos días, los fiscales revisaron en masa 12.501 causas en España, de ellas 1.197 en Galicia.
Según el balance del Ministerio de Justicia hecho público ayer, día en que concluyó el plazo de seis meses fijados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para revisar todos los procesos penales, el pasado miércoles día 1 había más de 12.500 causas en los juzgados del país y ayer por la mañana ya no quedaba ninguna sin revisar. Es decir, como ha habido un fin de semana entremedias y la rueda de prensa del ministro, Rafael Catalá, fue a primera hora, todos esos asuntos pendientes se revisaron entre el jueves y el viernes.
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La mayor avalancha de causas en los últimos dos días del proceso en Galicia la protagonizaron los juzgados de la provincia de A Coruña, que enviaron a los fiscales más de 800 asuntos para su clasificación (casi el 70% del total en la comunidad). En el caso de Pontevedra, se revisaron in extremis 312 procesos, mientras que el volumen en Lugo y Ourense fue mucho menor, con 63 y 14 casos, respectivamente. Estos datos convierten a Galicia en la cuarta autonomía con mayor número de causas catalogadas a escasos días de que concluyese el plazo, por detrás de Andalucía (3.722), País Vasco (2.542) y Cataluña (1.708).
Durante los últimos seis meses, en el conjunto del país, fueron revisados más de 346.000 procesos, según la última cifra dada por Justicia. Un volumen que se queda muy por debajo de los casi 600.000 que habían calculado los fiscales al inicio del proceso o los más de 460.000 que estimó el propio Catalá.
De los más de 346.000 procedimientos que, según Justicia, pasaron por manos de los fiscales desde diciembre, se calificaron un total de 302.132 y otros 44.000 más han sido archivados al no tener autor conocido. En todo caso, destacó el ministro, el archivo de estos procesos tiene carácter provisional mientras no se retome la causa si se encuentra al autor.
Los fiscales gallegos calificaron un total de 21.295 causas. O lo que es lo mismo, revisaron en tan solo dos días el 5,6% de todos los asuntos que debían catalogar en seis meses, un porcentaje que está más de un punto por encima de la media nacional (4,1%).
Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza el ranking, con más de 71.000 asuntos clasificados desde diciembre. Le siguen en la lista Cataluña (casi 43.000), Madrid (más de 28.000) y Comunidad Valenciana (más de 26.800). El quinto puesto de la tabla corresponde a Galicia, con casi 21.300 causas clasificadas.
De las provincias gallegas, el mayor volumen corresponde a A Coruña (9.411, lo que supone el 44% del total en la comunidad), seguida de Pontevedra (7.465, que representa el 35%) y finalmente Lugo (2.768) y Ourense (1.651).
"Se ha cumplido un objetivo complejo. Lo que algunos decían que era imposible pues ha sido posible", explicó el ministro de Justicia en alusión a la polémica generada con la Fiscalía del Estado cuando advirtió de que no les daría tiempo a revisar todas las causas penales.
La radiografía hecha por el ministro choca de lleno con la que tienen los fiscales. El problema no se acaba con los seis meses de plazo que fijaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal para revisar las causas pendientes. Si no que se mantendrá en el tiempo ya que los plazos para catalogar cada uno de los casos que entran en los juzgados gallegos debe ser fijado por los fiscales. De no haber una instrucción por parte del Ministerio de Justicia a los secretario judiciales, según advierte García Ortiz, por la que les inste a avisar con un mes de antelación de que el plazo de seis meses que fija la ley para una causa sencilla está a punto de concluir, cientos de asuntos corren el riesgo de cerrarse en falso. "No es por alarmar, pero si no nos dan traslado con tiempo de las causas, ya sean estafas, asesinatos o violaciones, caducarán", sentencia el fiscal delegado de Medio Ambiente.
