No hay semana en Galicia en que una vivienda, nave, cobertizo o galpón no sea reducido a escombros por orden de la Xunta. Los inspectores urbanísticos peinan a diario la comunidad de norte a sur, levantan acta de cualquier irregularidad en suelo rústico o en zona de costa y dan traslado para la apertura del correspondiente expediente sancionador. El primer aviso al propietario llega en forma de multa, pero al final no le quedará otra que la demolición. En los primeros cuatro meses del año, las excavadoras redujeron a escombros un total de 35 construcciones ilegales, la mayoría viviendas unifamiliares.
Desde que el bipartito creó en 2008 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, el número de demoliciones en la comunidad no ha dejado de aumentar. En estos ocho años, las piquetas y excavadoras de la Xunta convirtieron en solares unas 600 edificaciones ilegales.
El balance del año pasado se cerró con una cifra récord: un total de 154 derribos, lo que supone un 20% más que ejercicio anterior (129) y el cuádruple que hace cinco años (38).
De mantenerse el ritmo del primer cuatrimestre, 2016 se cerrará con un volumen de demoliciones muy por encima del que se había fijado la Consellería de Medio Ambiente para este año (un total 98) e incluso batiría un nuevo récord, ya que casi el 70% de los derribos ejecutados cada año suele concentrase en el último semestre, lo que elevaría a entre 130 y 140 el total de obras derribadas este año en la comunidad.
