Misión imposible. Los fiscales ya advirtieron nada más conocer el contenido de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de que no les iba a dar tiempo a revisar y clasificar en tan solo seis meses las más de 35.000 causas penales abiertas en los en los juzgados gallegos, entre 346.000 y casi 600.000 en España, según las distintas estimaciones realizadas durante el proceso. Esta misma semana el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, alertaba en este periódico de que si no se activaba algún mecanismo cientos de asuntos quedarían impunes ya que se cerrarían sin poder practicar más pruebas ni dirigir la acusación contra nadie y, en consecuencia, no llegar a la declaración de imputado, ahora investigado.

Las quejas cayeron en saco roto en el Ministerio de Justicia pero llevaron a la Fiscalía del Estado a tomar cartas en el asunto para evitar la "impunidad" de cientos de delitos.

En vísperas de que concluya el plazo, la Fiscalía dictó un oficio en el que ordena la revisión en bloque del "aluvión" de causas pendientes de clasificar, bien como "sencillas", cuyo plazo de instrucción es seis meses, por lo que ya se cierran el próximo lunes, o como "complejas", de manera que se prorrogarán hasta un máximo de 36 meses. El oficio, remitido a todas las Fiscalías Superiores, advierte de la "imposibilidad de un análisis pormenorizado" de las causas penales que tendrían que revisarse en todo el país antes del próximo lunes día 6.

Los fiscales deberán emitir un dictamen sobre cada proceso pero sin fundamentar su decisión. De esta manera, los fiscales podrán realizar "dictámenes uniformes" sobre todas las causas penales "ante la entidad y número de pendencias que impide su análisis pormenorizado". El fiscal jefe inspector , Fausto Cartagena, precisa en el oficio que "alegando tal circunstancia transitoria y extraordinaria como fundamento de la petición", se emitirá "el pertinente dictamen exclusivamente sobre ampliación de plazo" para evitar el archivo de las causas. La prórroga será autonómica, pero igualmente los fiscales deberán emitir un dictamen sobre cada asunto pero sin fundamentar su decisión, como se venía haciendo hasta ahora.

"Mirar tenemos que mirar (las causas), pero no se hará con la intención precisa", apuntaban ayer fuentes fiscales en declaraciones a Efe. La misma idea transmitía a principios de semana Álvaro García Ortiz en una entrevista a este diario: "Se va a intentar salvar los plazos, pero sin hacer una revisión rigurosa", al tiempo que advertía de que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal había sido "mal concebida, mal planteada y mal interpretada" y cargaba contra la "nefasta y lamentable" gestión del Ministerio de Justicia durante el proceso que comenzó el pasado 6 de diciembre.

En la recta final del procreso, los fiscales advierten de que siguen sin disponer de la información de todas las causas a tramitar y que algunos "han llegado a ir a los juzgados a abrir armarios" para recoger los procedimientos ante la falta de colaboración de los secretarios.

El único balance hasta ahora ha sido que el 80% de los procesos penales ya han sido clasificados. Pero ¿de cuántos? La regla de tres no se puede hacer porque el Ministerio de Justicia ha llegado a dar hasta tres cifras distintas: 346.000, 460.000 y 580.000 asuntos en el conjunto del país.

Coincidiendo con el oficio de prórroga en masa dictado por la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia apelaba a la coordinación de jueces, fiscales y letrados para cumplir el madanto legal de revisar las causas penales pendientes.