Su cada vez mayor responsabilidad en la gestión financiera de un ayuntamiento y el riesgo de enfrentarse a sanciones o incluso ser condenados a la inhabilitación profesional ha llevado a secretarios, interventores y tesoreros municipales a reforzar su protección con seguros de responsabilidad civil. De los más de 450 altos funcionarios de alto rango colegiados en Galicia, más de 280 -el 61% del total en la comunidad- tienen suscritas en la actualidad estas pólizas que les permiten cubrirse las espaldas y hacer frente a multas derivadas de un error, omisión o acto negligente sin voluntad deliberada de infracción. Es decir, sin dolo.
Hace una década comenzaron a suscribirse los primeros seguros en este colectivo, pero fue en los años 2009 y 2010 cuando se produjo un gran aumento como consecuencia de la mayor presión y control a los que fueron sometidos estos altos funcionarios así como a las mejoras introducidas en las pólizas, así como por el incremento de los procedimientos judiciales abiertos a funcionarios de alto rango. En el caso de Galicia, Lugo es la provincia que tiene el mayor volumen de colegiados asegurados (el 88%). Le siguen en el ranking, Ourense (65,5%) y muy de cerca A Coruña (62%). Cierra la lista en la comunidad Pontevedra, con un 46% de sus colegiados con póliza de responsabilidad civil.
Este colectivo resulta una figura clave en los ayuntamientos, ya que son los controladores de la gestión económico-financiera de las administraciones locales. Y para ello, fiscalizan todos los gastos e ingresos que pasan por las arcas públicas y están obligados a remitir de manera periódica al Tribunal de Cuentas.
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En el caso de los interventores, deben enviar informes al Gobierno central sobre la actuación económico-financiera de las corporaciones. Asimismo deben informar a los concellos de los resultados de estos controles, que pueden ser negativos por no ajustarse a la responsabilidad contable o por incumplir la normativa administrativa. En consecuencia, la labor de estos funcionarios, sometidos cada vez más a las presiones de los equipos de gobierno local, también están bajo la lupa del Ministerio de Hacienda, cuyas órdenes han aumentado a raíz de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la reforma local lo que ha incrementado su carga de trabajo.
El grado de dificultad y de responsabilidad en el colectivo es cada vez mayor, según coinciden responsables de los cuatro colegios provinciales en Galicia de secretarios, interventores y tesoreros de administración local, y ha llevado al sector a suscribir en los últimos años pólizas de responsabilidad civil, cuyas condiciones y precios han mejorado. En el caso de la comunidad gallega, el número de pólizas suscritas se ha mantenido sin apenas variaciones en los últimos años, pero en el conjunto del país desde 2010 casi se ha duplicado, al pasar de los 900 asegurados hace cinco años a los casi 1.300 de este ejercicio, según datos del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital). En el conjunto del Estado, la tasa de asegurados es inferior a la registrada en Galicia (61%), ya que se queda en apenas la cuarta parte del total de colegiados en el país.
Los altos funcionarios gallegos advierten de que "se puede meter la pata con facilidad porque es difícil manejar al dedillo cada norma". Por eso, sostienen, el grado de dificultad y responsabilidad es cada vez más elevado por lo que se buscan estar cubiertos en caso de tener que hacer frente a multas derivadas de errores contables que puedan causar daño económico irreparable a la administración local, por la pérdida de documentos por falta de custodia con las mínimas condiciones o incluso por la emisión de informes que posibilitan actuaciones que, posteriormente, se revelan como carentes de todo soporte.
La tasa de siniestralidad de las pólizas registrada en este sector en Galicia es mínima, según datos facilitados por los colegios en la cuatro provincias. Mientras en el caso de la provincia de Pontevedra, no se ha tenido constancia de reclamación alguna, en A Coruña se han notificado cuatro en los últimos tres años. En el caso de Ourense, tienen dos reclamaciones abiertas.
