La ley establece con carácter general que tras un incendio, el uso del suelo no se puede modificar por un plazo de 30 años. Si era bosque y resulta pasto de las llamas, pues deberá seguir como tal durante tres décadas más, lo mismo que un prado, una finca de labranza o un coto de caza; y por la misma razón no se pueden recalificar con fines urbanísticos terrenos devorados por un fuego ni construir sobre ellos, salvo que ya contaran con un instrumento de planeamiento previamente aprobado. Pero aún así, la gente procede a cambiar los usos del suelo tras un incendio. Debido a esto y a un mayor control sobre la superficies quemadas, la Policía Autonómica presentó el pasado año 179 denuncias por este motivo, lo que supone cuadriplicar las cifras de 2014, cuando los expedientes abiertos fueron solo 48.
El plazo de los 30 años, no obstante, puede estar sujeto a una modificación a la baja, tal como quedó en la reforma de la Ley de Montes estatal aprobada a mediados del pasado por el PP. Pero esta posibilidad, que permitiría recalificar zonas forestales quemadas, solo la pueden aplicar las comunidades autónomas cuando consideren que "concurran razones imperiosas de interés público de primer orden".
Este incremento de las denuncias obedece a una intensificación de las labores de vigilancia realizadas por la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Xunta, que experimentó un gran salto en el control a partir de la Lei de Montes aprobada con el bipartito, que detalla con mayor concreción el régimen de infracciones y de sanciones. En total, según los datos recogidos en la memoria del año 2015 cuya redacción ultima la Policía Autonómica, las denuncias en su conjunto aumentaron un 4,5% el pasado año con respecto a 2014, al presentarse 1.890, casi un centenar más.
Las más numerosas corresponden al incumplimiento de la norma que obliga a despejar de maleza y determinados árboles las franjas de terreno circundantes a viviendas, gasolineras, carreteras, industrias, campings, infraestructuras de transporte o instalaciones eléctricas. Estas franjas de seguridad consisten en un perímetro de 50 metros de ancho que tiene que estar libres de vegetación para impedir que las llamas afecten a bienes.
Si en 2014 la Xunta presentó 1.391 denuncias por este concepto, por no tener preparados estos cortafuegos, el pasado año la cifra subió hasta los 1.406. Mantener con matorral esta zonas de seguridad pueden acarrear sanciones que oscilan entre los 100 y los 1.000 euros.
Los expedientes abiertos por quemas no autorizadas fueron un poco menores que el año anterior, pues se redujeron de 189 a 185. También se rebajaron las denuncias por talas de madera en bosques afectados por el fuego, al pasar de 13 a 4 y por prácticas labores de pastoreo en terrenos incendiados -de 33 a 5-.
La Xunta ha emprendido además una nueva fase en la lucha contra los incendios forestales poniendo el punto de mira en las 350.000 hectáreas objeto de concentración parcelaria que hay en la comunidad autónoma. Los técnicos de la Consellería do Medio Rural rastrearán estas parcelas para vigilar que estén limpias de maleza y así prevenir su contribución a la propagación de las llamas.
Lo que ha cambiado con respecto a años anteriores, es que ahora la Xunta se ampara en la ley de mejora de la estructura agraria, que da autoridad a la Administración autonómica para forzar a los dueños a mantener desbrozadas las parcelas, cultivarlas o cederlas al Banco de Terras, facultad reforzada con un régimen de sanciones con multas que en el caso extremo pueden llegar a los 6.000 euros.
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Casi 6.000 personas y 4.000 coches identificados
- Los agentes de la Policía Autonómica identificaron el pasado año a 5.970 personas por su supuesta relación con los incendios forestales. No todos son sospechosos de provocar incendios, ya que muchos simplemente circulaban por zonas sensibles, por lo que los policías procedieron a requerirles la documentación. El número fue un poco inferior al registrado en 2014, cuando se acercó a los 6.300 y bastante más con respecto a 2013, cuando se identificaron a más de 8.000 personas.De la misma forma que se requiere conocer el nombre de las personas que circulan por los montes o sobre los que se tiene sospechas de actuar como incendiarios, también se comprueban las matrículas de los coches. Así, el pasado año se consultaron 4.104 placas de coches, 800 menos que las comprobadas en 2014.
