El galopante deterioro del negocio de Caixa Galicia en 2008, como luego el Banco de España confirmó en las actas de supervisión de los inspectores que acreditaron la quiebra y su incapacidad para seguir en solitario, obligó a la entidad a tomar medidas extraordinarias para lograr liquidez. Una de ellas, entre las más sonadas, fue la venta de 40 inmuebles dedicados a oficinas en las principales ciudades gallegas y algunas de las otras urbes de referencia en el resto de España a Amancio Ortega. El equipo liderado por José Luis Méndez lo anunció el 11 de junio de ese año. "El broche a una operación analizada desde hace meses", aseguró entonces. Pontegadea, cabecera del holding inversor del propietario de Inditex, desembolsó 250 millones de euros por el paquete de locales que a la antigua caja coruñesa le reportaron unas suculentas plusvalías de 100 millones. El contrato de venta con opción de recompra -en argot del sector, un acuerdo de sale and lease-back- dejaba a Caixa Galicia como inquilina a cambio del pago de un arrendamiento, con lo que, además de la inyección de recursos, pudo deducir los alquileres ante Hacienda. Pues bien, esa opción de recompra se ejecutó finalmente el pasado ejercicio por parte de Abanca, como detalla su informe económico de 2015. El principal grupo financiero gallego suma una inversión total de 332,831 millones en la adquisición de oficinas, incluidas las 40 cedidas hace siete años a Ortega.
El activo material de uso propio en Abanca cerró el pasado año por encima de los 1.400 millones frente a los 1.273 millones del valor con el que empezó. Los principales incrementos "se corresponden fundamentalmente con la compra de oficinas donde el banco desarrolla su actividad" por ese importe cercano a los 333 millones. Fuentes conocedoras de la operación confirman a FARO que se trata de los 40 inmuebles, a los que se suma el palacete en el Paseo de Recoletos con el que se hizo en diciembre de 2015 para concentrar sus servicios foráneos y apoyar la estrategia de expansión más allá de Galicia. Un edificio histórico, que fue sede de Planeta, con 3.700 metros cuadrados y con un precio que, como publicó El Confidencial en aquel momento, rondaría los 40 millones de euros.
El pacto entre Caixa Galicia y Pontegadea preveía una duración de entre 15 y 40 años. En esa franja temporal, la entidad dirigida por Méndez podría recuperar la propiedad de los locales distribuidos, entre otras áreas, en Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, a precio de mercado. Suponían el 10% de todo el patrimonio inmobiliario de la caja, que acusaba con fuerza la crisis desde 2007, cuando, según los inspectores del Banco de España, surgieron "los primeros síntomas" del pinchazo de su negocio, con "un fuerte deterioro del perfil del riesgo supervisor". Fue entonces cuando se le reclamaron las primeras medidas de ajuste. El beneficio en 2008 cayó a 225 millones de euros después de superar los 400 millones en el año anterior, con pérdidas por deterioro de activos de 555 millones de euros. El extra de la venta de edificio fue un balón de oxígeno, como lo fue también después la desinversión en la petrolera Galp por 157 millones. Ni así, en marzo de 2010, Caixa Galicia pudo esconder el agujero interno. El resultado de explotación arrojó pérdidas de 38,5 millones y de 61,2 millones en septiembre, antes de la fusión forzada con Caixanova.
Ya en 2013, como publicó FARO, desde Pontegadea iniciaron los contactos con la entidad, integrada en NCG y con José María Castellano en la presidencia, para renegociar la situación. Las condiciones firmadas ataban de manos a la firma inmobiliaria de Ortega, que no podía deshacerse de las propiedades. El empresario aspiraba a liberar los edificios o intercambiarlos por otros. Las conversaciones se quedaron ahí, entre otras razones porque NCG acababa de ser recapitalizada con 5.425 millones de euros del rescate europeo y una operación de estas características no se hubiera entendido.
¿Por qué ahora? Además del interés de Pontegadea por solucionar el bloqueo de las propiedades, las mismas fuentes señalan que en la cúpula de Abanca no eran partidarios de estar alquilados en los edificios y evitar cualquier otro tipo de negocio que no sea el puramente bancario.
