La comparecencia en el Parlamento del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, para explicar la gestión del Sergas en la asistencia a los enfermos de hepatitis C estuvo cargada de tensión y no exenta de acusaciones que en más de una ocasión fueron excluidas del diario de sesiones donde se registran las intervenciones de los diputados. "Gobierno de psicópatas", empleada por Montse Prado (BNG), fue una de ellas. Almuiña se tuvo de emplear a fondo para enfrentarse a la oposición que, como principal argumento, acudía al escrito de la Fiscalía que acusa a dos cargos del Sergas de homicidio imprudente y prevaricación administrativa por retrasar la autorización de los nuevos fármacos -más eficaces y caros- a los enfermos de hepatitis C solo por ahorro presupuestario, si bien el juez solo los citó como imputados por prevaricación.

El conselleiro defendió que el Sergas trató bien a los pacientes, con una demora media de 18,7 días en autorizar el tratamiento, y que utilizó únicamente criterios clínicos para decidir a quiénes se les concedían los medicamentos innovadores. Así, indicó que 1.150 pacientes fueron evaluados por el Sergas de los cuales a 1.137 se le autorizó el tratamiento, por lo que "solo a 13 se les denegó". Y ninguno de ellos, precisó, figura entre los fallecidos que están siendo investigados en el juzgado. "El 99% fueron aceptados", destacó Almuiña, quien, para rechazar la acusación de que los criterios económicos pesaron a la hora de restringir los medicamentos, aseguró que el coste para el Sergas fue de 77,8 millones de euros.

Para el conselleiro, la oposición recurrió a una "mezquina demagogia" y a una "lista innumerable de insultos" como nunca fue objeto en su carrera política. La acusó también de utilizar con "fines espurios" el dolor de las familias y se mostró indignado con las palabras del portavoz parlamentario del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, por decir que la Xunta podía manipular los datos pero que los muertos estaban ahí. "Yo digo, se podrán manipular los muertos, pero los datos están ahí", replicó. Y las cifras a las que acudió una y otra vez fueron que solo se rechazó el tratamiento al 1% de los pacientes, que Galicia fue la sexta comunidad que más gastó en medicamentos per cápita o que el número de envases de fármacos innovadores consumidos fue de 42,35 por cada 10.000 habitantes, trece puntos por encima de la media nacional. Además, lanzó un mensaje de tranquilidad al asegurar que en el 95% de los casos el tratamiento se ha mostrado totalmente efectivo.

La oposición utilizó recurrentemente el argumento de que la Xunta dejó morir a personas por razones económicas y censuró al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por no querer comparecer a dar explicaciones en el Parlamento, ya que él, a juicio de los partidos minoritarios, es el "responsable político". "No somos nosotros, es la Fiscalía la que acusa a dos miembros del Sergas de homicidio imprudente y prevaricación con resultado de muerte", esgrimió la diputada socialista María del Carmen Acuña.

"Es despreciable que hablen de manipular a los muertos", reprochó Eva Solla, de AGE, al tiempo que advirtió al conselleiro que de su temeridad por avalar la gestión del Sergas y de Rocío Mosquera -su antecesora en el cargo-.

"La Xunta es un gobierno se psicópatas, porque son conscientes del daño que están haciendo y siguen adelante", recriminó Montse Prado, que recibió una advertencia por ello del presidente de la Cámara.