Cada uno su dinero, y deudas, para evitar problemas. Este razonamiento se asienta cada día más en los matrimonios actuales, hasta el punto de que el porcentaje de cónyuges que decide dividir sus propiedades y ahorros y huir del régimen de gananciales se acerca poco a poco a la mitad del total y la proporción ya casi se ha duplicado desde el inicio de la crisis. En el año 2009, por cada diez matrimonios que se firmaban, cuatro optaban por fijar una línea entre las propiedades de cada uno, lo que evita litigios en caso de divorcio, mientras que el año pasado la proporción era ya del 44%, ante la convicción de que el "para toda la vida" siempre puede romperse y resulta mejor prevenir, tener todo atado y huir de un proceso judicial donde también haya que pagar una elevada factura en abogados y notarios.
El año pasado se firmaron en Galicia 3.241 contratos nupciales de separación de bienes -1.596 antes de dar el "sí, quiero" y 1.645 después-. Según los datos del Consejo General del Notariado, durante el primer semestre, esa cifra fue de 1.602 -817 y 785, respectivamente-, periodo durante el cual apenas se contrajeron 3.664 enlaces, último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística. Las cifras de separación de bienes postnupciales no tienen por qué se protagonizadas por personas que se hayan casado ese mismo año, pero la mayor parte de ellas lo hacen en ese período y no esperan un lustro o más para modificar su situación.
El porcentaje alcanzado sobre los nuevos enlaces, que a este ritmo alcanzará el 50% en breve, indica que algo ha cambiado en la sociedad y sirve para medir cuántas parejas modifican su estatus en relación a quienes toman la decisión de casarse. Mientras la cifra de enlaces ha caído un 11,3% entre los años 2009 y 2014, los pactos para que cada cónyuge mantenga sus bienes crecen constantemente, salvo el pequeño descenso de 2011. Entre el año pasado y 2009, el aumento supera el 22%, según los datos de los notarios, encargados de rubricar el contrato para modificar la situación jurídica del matrimonio, trámite que cuesta de media unos 75 euros.
Cuando dos personas deciden casarse, ambos pasan a compartir sus bienes por defecto, pues la Lei de Dereito Civil establece un cambio de su estatus: desde ese momento, todos los bienes adquiridos y el dinero que posean a partir de entonces pasa a ser propiedad de ambos por igual, independientemente de quién aporte más o menos a esas compras o ahorros. Sucede lo mismo con las deudas. Además, cualquier venta de un bien también debe contar con el visto bueno de ambos. Para separar sus bienes deben obligatoriamente realizar un trámite burocrático antes o después del enlace.
Ante el cambio social detectado, con el doble de divorcios el año pasado que en 2009, la Xunta lanzó un proyecto para darle la vuelta a esta situación legal y establecer como norma la separación de bienes. En caso de desear compartir todo, la pareja debería realizar un trámite, es decir, al revés que ahora. Este sistema ya funciona en Baleares, Valencia y Cataluña, así como, con algunas diferencias, en Aragón y Vizcaya.
Sin embargo, la Xunta paralizó el proyecto a comienzos de este año. También el Ejecutivo de Mariano Rajoy había mostrado intención de abordar esta reforma, pero la dejó en un cajón. Alegó el Gobierno gallego falta de unanimidad en la Comisión de Dereito Civil encargada de los trabajos legales y prometió recuperarla si se logra consenso. En octubre se celebran elecciones y la decisión quedará en manos de un nuevo Ejecutivo.
