El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha puesto fin al conflicto que enfrentaba a los socios minoritarios de Engasa y a la cúpula directiva. La justicia condena a cinco integrantes de la dirección, entre ellos el presidente de la compañía Benito Fernández González, a pagar más de siete millones de euros a los primeros por haber cedido activos de la firma a favor de un parque eólico en el que tenían intereses particulares.
La sentencia no admite recurso y supone la conclusión de un conflicto de nueve años, al dar la razón a los socios que sumaban alrededor del 40% de una sociedad que gestiona más de 300 megavatios en Galicia. El alto tribunal ha tumbado el recurso de los condenados contra un laudo arbitral que les imponía la citada multa, si bien los demandantes exigían 9,4. Estos son Sociedad Electricista de Tuy, Adelanta Corporación, Electra, Terawatio y Distribuidora Eléctrica de Catoira.
La sentencia, que no admite recurso, concluye que los citados directivos "hicieron lo posible por no cumplir" el laudo que les había impuesto la multa sobre un caso que partió de la decisión de estos para favorecer sus intereses, según quedó avalado en el caso.
Los cinco condenados controlaban el consejo de administración de la firma que instaló el primer parque eólico de Galicia en 1983 y decidieron ceder 40 megavatios a un parque de Xiabre, en Vilagarcía a otra sociedad en la que tenían intereses. A pesar de las quejas por la decisión, estos no fueron devueltos "ni contabilizados legalmente en unas cuentas consolidadas", lo que, según el laudo, fue "generador de daño" económico. Lo mismo entiende el TSXG, que entiende justificada la decisión arbitral.
Además, el alto tribunal también tumba la decisión del consejo de administración de relevar este órgano por un administrador único, que pasaría a ser Núcleo Estable, una sociedad que dominaban los cinco condenados. Otro laudo impedía al presidente de Engasa tomar esta clase de decisiones y las vinculaba con el "interés propio y en detrimento injustificado de los socios minoritarios", que han logrado la indemnización en un proceso en el que fueron defendidos por los despachos Bermor Abogados y Briz Jurídico.
