El proyecto estrella de la Xunta para este año sobre rebajas fiscales ya tiene su impacto en las cuentas de la comunidad autónoma con tan solo dos meses de aplicación de los presupuestos. La recaudación en enero y febrero por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha caído casi a la mitad con respecto al mismo periodo del pasado año. En las arcas solo ingresaron por este concepto 12,8 millones de euros, cuando en 2015 la recaudación había ascendido a 22,7 millones. La merma, por tanto, es del 43,56%, según los datos sobre ejecución presupuestaria difundidos ayer por el Ministerio de Hacienda.
Pero si la reducción en los ingresos ya es notable en el primer bimestre del año, la Consellería de Facenda asegura que en adelante todavía se notará más, dado que en el primer mes aún se recaudó el impuesto con los tipos correspondientes al ejercicio anterior.
Tras años en la parte alta del ranking autonómico con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones más gravoso, las modificaciones fiscales aprobadas por la Xunta este año le han dado un vuelco a la situación. Galicia dejó de ser la sexta comunidad con el tributo más caro para pasar a la más barata, ya que decidió eximir del pago a las herencias inferiores a los 400.000 euros, que supondrá que el 99% de los gallegos no tengan que tributar por este concepto a las arcas autonómicas. Se calcula que unos 45.000 contribuyentes se beneficiarán de esta medida al año.
Con respecto al modelo vigente hasta el pasado año, la principal novedad que se ha incorporado está en los efectos para los herederos mayores de 25 años, que a partir de enero dejarán de tributar por cuotas líquidas inferiores a los 400.000 euros. Y cuando superen este límite lo harán solo por la diferencia a partir de ese mínimo. Hasta ahora, el techo estaba en 125.000 euros, con la particularidad de que sobrepasada esa cuantía solo estaban exentos los primeros 18.000 euros.
El régimen aplicado hasta ahora provocó que año tras año se incrementase el número de renuncias a las herencias en Galicia ante las dificultades para pagar los impuestos correspondientes. Una tendencia agravada durante la crisis, porque si en el año 2008 solo se contabilizaron 737 renuncias, en 2015 se cerró el ejercicio con 2.306, la cifra más alta desde que hay registros.
