El Gobierno central decidió ayer elevar el objetivo de déficit a las comunidades autónomas este año en más del doble de lo acordado inicialmente. Tenían que cerrar el ejercicio con un 0,3% del PIB, pero ahora propone un techo del 0,7%. Esta medida es todo un balón de oxígeno para las autonomías incumplidoras que en 2015 excedieron el nivel de gasto -todas menos Galicia, Canarias y País Vasco-, pues les permitirá relajar los recortes presupuestarios que tendrían que afrontar este año que, por ejemplo, en Cataluña eran de unos 1.000 millones de euros. En el caso de Galicia, la propuesta del Ejecutivo central, que aún debe ser validada por Bruselas, le permitirá a la Xunta, si así lo desea, disponer de un gasto adicional de unos 200 millones de euros en sus presupuestos para gastar este ejercicio, que además es año electoral.
El techo de déficit marca el desfase máximo en que una administración puede incurrir entre los gastos y los ingresos, acudiendo para ello al endeudamiento. En 2015, el tope estaba fijado en el 0,7% del PIB en una estricta senda de consolidación fiscal marcada por el Gobierno y vigilada por Bruselas. Pero el año se cerró con un desfase del 1,66% porque solo tres comunidades acabaron el ejercicio por debajo de ese 0,7%. Galicia lo hizo con un 0,57% -tuvo 317 millones más de gastos que de ingresos-. El resto se excedió y el Ministerio de Hacienda se vio obligado a intervenir sus cuentas.
Para este año, todas las comunidades tenían que adecuarse al 0,3%, aunque el nivel de ajuste era muy dispar, pues mientras para las tres cumplidoras apenas suponía unas décimas, para otras representaba un gran recorte presupuestario, como en el caso de Cataluña, que acabó el año con un 2,70%, Murcia (2,52%) o Valencia (2,51%).
Ante las protestas de los últimos meses, precisamente procedentes de las autonomías que más ajustes tenían que hacer, y también ante la suprema dificultad de que tras cerrar 2015 con un déficit del 1,66% se pudiera llegar este año al 0,3%, el Gobierno central ha apostado por relajar el objetivo de déficit. "El esfuerzo es ahora mucho más asequible", asegura el Gobierno central en el comunicado donde avanzó la nueva senda de consolidación fiscal, acordada en la Comisión General de Secretario de Estado y Subsecretarios y que ahora debe ser remitida a Bruselas.
Con el cambio, las autonomías tienen un año más para alcanzar la meta del 0,3%, que queda aplazada al año 2017, y para ello van a contar con un incremento de la financiación autonómica de 7.400 millones de euros, además de otros 3.000 millones por las condiciones ventajosas de los préstamos conseguidos a través de los mecanismo de liquidez puestos en marcha por el Estado.
Esta concesión a las comunidades se produce después de que el propio Gobierno recalculara el déficit de España para este año y lo elevara del 2,8% previsto al 3,6%, repartiendo cuatro décimas entre las administración autonómicas y otras cuatro para la Seguridad Social. A los ayuntamientos, sin embargo, no les ha aumentado el margen de desviación, manteniendo el 0%.
Para Galicia, el nuevo escenario le permitirá disponer de unos 200 millones de euros adicionales en los presupuestos de este año. La decisión es solo suya, aunque primero se deberán conocer las condiciones concretas de la nueva senda fiscal en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo día 28 y luego el Gobierno gallego deberá determinar si le interesa la vía de incrementar su presupuesto de gasto, algo que se haría costa de la emisión de deuda.
Ayer la Consellería de Facenda no quiso emitir ninguna valoración hasta conocer los detalles, pero en las últimas semanas el Ejecutivo autonómico se ha mostrado muy crítico con la política del Ministerio de Hacienda. Fue el propio Núñez Feijóo quien recriminó hace dos semanas la "permisividad" de Cristóbal Montoro por no tomar medidas contra las comunidades que incumplen sistemáticamente el objetivo de déficit y tratar por igual a todas aunque algunas, como Galicia, hubieran cumplido los deberes y apretado el cinturón en los últimos años. "España y Galicia estarían mejor", llegó a decir el presidente gallego.
De hecho, la pasada semana, el Xunta reclamó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una compensación de 125 millones de euros por cumplir siempre con el techo de déficit, que nada tiene que ver con que ahora se permite aumentar el desfase presupuestario entre gastos e ingresos.
La decisión del Gobierno central también motivó las críticas del presidente de la Federación Española de Municipio y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se suman a las vertidas la pasada semana por la negativa de Hacienda a que los ayuntamientos puedan recuperar y gestionar los 4.700 millones de superávit que tuvieron en sus cuenta el pasado año.
Caballero se declaró ayer "escandalizado" porque mientras se permite a las autonomías elevar su techo de déficit, a los concellos se les mantiene en el 0%. "Esta broma se acabó, quiero decirle a Montoro que sepa que esto se acabó", dijo ayer en Santiago. "¿Los 8.200 ayuntamientos no estamos en España? ¿No tenemos papel en esto?", se quejó, reivindicando que los municipios son "los únicos" que han cumplido los objetivos de déficit marcados hasta el punto de lograr "superávit".
