Mineira de Corcoesto, la filial que creó la canadiense Edgewater para explotar oro en terrenos de Cabana de Bergantiños y Coristanco (A Coruña) ha interpuesto un escrito y varios documentos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en los que acusa a la Xunta de una "singular forma de proceder" en la tramitación del proyecto, y asegura que se le denegó por su "negativa" a "ceder ante determinadas presiones". Reclama una indemnización por haber invertido 20 millones de euros en el proyecto.

La firma compara en la demanda contencioso-administrativa presentada el día 11 de marzo, según Europa Press, al Gobierno gallego con el de la Venezuela de Hugo Chávez, al denunciar que actuó "inventando leyes nuevas y decretos por el camino para parar" los planes de la compañía.

Un correo electrónico del presidente de Edgewater a su gerente en España, fechado en noviembre de 2014, desliza incluso la petición de sobornos. "Ahora veo muy poca diferencia entre el gobierno de Venezuela y la manera en que la Xunta nos está tratando. De hecho, los caminos son casi idénticos. La lenta erosión de derechos, la denegación de permisos, inventando leyes nuevas y decretos por el camino para pararnos, "amigos del presidente que vienen a nosotros con ofertas de ayuda" (que generalmente quieren decir $$ en una maleta Samsonite), etc., etc.", sostiene el directivo.

La demanda señala al director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, al que atribuye un cambio "arbitrario" de las reglas del juego, "sorpresivamente", después de haber obtenido la minera "todos los informes sectoriales favorables", la declaración de impacto ambiental "favorable" y "teniendo comprometida la financiación del proyecto por varias entidades financieras". Destaca la necesidad de ampliar su capital en 30,4 millones y denuncia que se dio carpetazo al proyecto cuando aún había plazo para acreditar su solvencia, coincidiendo con la celebración del Debate sobre el Estado de la Autonomía de 2013. "Se buscó un pretexto, en apariencia jurídico, para fundamentar aquella decisión política", concluye el escrito de la firma, cuyo proyecto despertó un movimiento de contestación social en la zona.

Además, se refiere a la búsqueda de un socio económico que consiguió, en alusión a una compañía del Íbex 35 con la que "la Xunta no tuvo problema en reunirse al más alto nivel". También sostiene que se le pidieron "contraprestaciones" a las que no cedió y que sufrió "presiones" por parte de Javier Aguilera, director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

La Xunta reaccionó con indignación ante la denuncia, que considera una serie de "calumnias totalmente inadmisibles" y que vincula con la negativa al proyecto por razones económicas y técnicas.

El propio presidente del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, se refirió al caso. "Sobre calumnias no creo que sea muy apropiado hacer comentarios", declaró. "Da la impresión de que la empresa no asumió que se puede venir a Galicia a hacer negocios, se puede venir a crear riqueza, pero no a crear negocios y llevarse el dinero a hacia otros lugares, en este caso Canadá", añadió a preguntas de la prensa. "Este despecho está desproporcionado. Allá ellos", finalizó.

Por su parte, el portavoz de la asociación Salvemos Cabana, Moncho Varela, se preguntó "quién es más corrupto: la empresa o el gobierno".