Al preso L. G. G. aún le queda por delante una década de vida entre rejas. Cumple una condena de larga duración y su hábitat está entre los muros y el patio de la prisión. El centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, el penal de referencia de la provincia de Ourense, tendrá que cubrir su grave problema de salud, igual que atiende otras necesidades básicas. Desde junio de 2015, el interno espera por la medicación pautada para tratarse de una hepatitis C crónica, en estadio 4 -la última fase-, tras varios años de evolución. Anteayer, tras la investigación abierta a dos altos cargos del Sergas por retrasar el tratamiento a varios pacientes, el PSdeG y AGE aprovecharon para pedir a la Xunta que "reaccione" y permita el acceso a los fármacos de la población reclusa. En una sentencia de hace sólo unos días, la Audiencia Provincial de Ourense resuelve la queja del interno de Ourense, ordenando que se le administre, en el propio centro, la medicación pautada, sin necesidad de un traslado a Madrid, tal y como proponía Instituciones Penitenciarias como condición para hacerse cargo del costoso tratamiento.
El tribunal provincial revoca un primer auto del juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lugo, dictado en enero y acuerda "la administración al referido interno, en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar en que se encuentra, de los fármacos Harvoni y Ribavirina, recetados para combatir la enfermedad de Hepatitis C diagnosticada".
En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Cid Manzano, y que aún admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Sala subraya que "no existe razón o excusa alguna que justifique que a este paciente, por tratarse de un interno del centro penitenciario, y por este único motivo, no se le dispense igual trato y asistencia médica que al resto de la población".
La sentencia da la razón al recurso planteado por la abogada de Ourense Marta Soto Gil, integrante de la Comisión de Asistencia Xurídica Penitenciaria de Ourense (CAXPOU), un órgano que funciona desde hace más de 20 años en el Colegio de Abogados para velar por los derechos de los reclusos.
