A los ayuntamientos les toca también una parte de la inmensa polvareda que la confirmación del notable quebrantamiento del objetivo de déficit para 2015 provocó en las últimas semanas. Ellos sí se adecuaron al techo que el Gobierno les reservó, obligados a un encuadre exacto entre ingresos y gastos, e incluso cerraron el ejercicio con un superávit de más de 4.700 millones de euros, el 0,44% del Producto Interior Bruto (PIB). De ahí la petición que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) trasladó el pasado lunes al Ministerio de Hacienda para recuperar esos recursos en los que excedieron el cumplimiento, aunque la respuesta que se encontraron fue una rotunda negativa. El Gobierno no lo reconoció directamente, lo justificó por la falta de fórmulas para hacerlo sin afectar a "la gobernanza europea", pero en caso de que así fuera, el extra de los municipios no compensaría los desajustes del resto de las administraciones y el cálculo final del déficit del conjunto del país sería todavía mayor al 5% anunciado. El sector local se ha convertido en un ejemplo de gestión a ojos del Ejecutivo central, gracias, entre otros factores, al comportamiento de la recaudación fiscal, que dejó durante el pasado año 100 millones más de ingresos entre los concellos gallegos y diputaciones.
La aportación de los gravámenes, tasas y los precios públicos por servicios sumó 1.358,4 millones de euros entre las localidades de la comunidad. Son 95,1 millones por encima de la recaudación de 2014, un 7,5% más, según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda. Las subidas son especialmente contundentes en los impuestos directos -ahí se computan el IBI, el IAE o el impuesto de circulación-, con un alza cercana al 9%, hasta los 840,1 millones; y en los indirectos -básicamente por el Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras-, que avanzan un 11,6%. La evolución de las tasas es menor, del 4,6%, con 444,7 millones de euros.
Sin duda, una de las claves de la senda del equilibrio presupuestario emprendida por las corporaciones locales, que acumulan cuatro ejercicios en superávit, viene de uno de los tributos en concreto. Del IBI. Para precisamente combatir el agujero de las cuentas, el Gobierno decidió aplicar a partir de 2012 una considerable subida en el recibo de la popularmente conocida como contribución, a la vez que abrió la puerta a una revisión exprés de los valores catastrales -sobre los que se calcula el impuesto- e inició el rastreo de bienes ocultos que no tributaban. ¿Resultado? Entre 2011 y 2014, la recaudación del IBI en Galicia aumentó un 14,4%, con 476 millones de euros. Un récord histórico. El ascenso en comparación a 2008 es del 47%.
La evidente presión fiscal creciente con el IBI en los años de la doble recesión ha llevado a concellos a aprovechar los primeros síntomas de la recuperación económica para rebajar los tipos del impuesto. 27, exactamente, en este 2016, según la información actualizada por la Dirección General del Catastro: Cerdedo, A Guarda, Nigrán, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Boborás, Bergondo, Betanzos, Cambre, Cedeira, Narón, Neda, Ordes, Rianxo, Santiago de Compostela, Tordoia, Bóveda, Carballedo, Chantada, Foz, Guitiriz, O Incio, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao, Sober y Viveiro. Pero otros 25 optan por subir el coeficiente: Barro, Caldas de Reis, Agolada, Lalín, A Lama, Soutomaior, Valga, Vilanova de Arousa, Baltar, A Bola, Castrelo de Miño, Xunqueira de Espadañedo, Brión, Camariñas, Malpica, Negreira, Teo, Vimianzo, Cospeito, Friol, Guntín, Monterroso y A Pastoriza. Algunos tratan de evitar que las alzas de tipos repercutan en las familias con menos poder adquisitivo y por eso se han generalizado algunas bonificaciones.
