Investigados dos cargos de la Xunta por prevaricación administrativa al retrasar el tratamiento de la hepatitis C

La fiscalía les acusa además de "homicidio por imprudencia profesional grave" - Félix Rubial, actual gerente del área sanitaria viguesa, tendrá que declarar el 28 de abril

18.04.2016 | 17:49
Concentración de enfermos de hepatitis C en Santiago. // Xoán Álvarez

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha citado a declarar en calidad de investigados a dos altos cargos de la Xunta acusados de prevaricación administrativa al retrasar la medicación a enfermos de hepatitis C alegando "razones presupuestarias". Según ha publicado eldiario.es, Félix Rubial, en aquel momento director de Asistencia Sanitaria -y actual gerente del área sanitaria viguesa- y Carolina González-Criado, subdirectora de Farmacia, tendrán que declarar el próximo 28 de abril. Se trata de la primera causa penal contra una administración pública que sale adelante en España por dilaciones en la prescripción del tratamiento de la hepatitis C.

El juez titular decidió abrir diligencias por prevaricación administrativa, aunque la fiscalía también presentó una denuncia en la que se acusa a los altos cargos de "homicidio por imprudencia profesional grave" por el fallecimiento de más de media docena de pacientes. El Ministerio Público considera que el actual gerente del Chuvi, Félix Rubial, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González Criado, eran los "responsables" de dar el visto bueno para que un paciente con hepatitis C pueda ser tratado con el fármaco que potencia las posibilidades de curar la enfermedad.

El pasado enero, la Fiscalía vio "indicios de delito" en la actuación del Sergas con respecto al tratamiento de los enfermos de hepatitis C. La asociación Batas Blancas denunció ante el TSXG la muerte de tres pacientes a los que se negó o retrasó la prescripción del nuevo medicamento Sovaldi, valorado en 25.000 euros. La Fiscalía aprecia, además, que se produjeron dilaciones en la respuesta médica a los afectados por motivos presupuestarios y concluye que siete enfermos de hepatitis C perdieron la vida por culpa del retraso en el tratamiento. Además, el Ministerio Público señala que hay un octavo paciente al que, a pesar de estar acreditado que solicitó la medicación "no consta que haya recibido el tratamiento". 

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