La Xunta insiste en su apuesta por la biomasa. Lo hizo de nuevo esta semana durante el foro sobre el sector celebrado en la I Feira da Enerxía de Galicia en Silleda. La comunidad, según aseguró el director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, aspira a convertirse en la líder en el uso de este tipo de fuente energética y que al final de la década aporte un ahorro en la compra de combustibles fósiles de 70 millones de euros y la creación de 1.000 puestos de trabajo. Su estrategia parece centrarse exclusivamente en la vertiente térmica de la biomasa. Es decir, en el apoyo a una industria que aproveche los residuos forestales para popularizar los pellets y la extensión de calderas que los consuman en hogares, empresas e incluso la propia administración pública. Pero inicialmente el Gobierno gallego quería más. Que la biomasa, como fuente eléctrica que también es, consolidara el protagonismo de la región en las renovables. Por eso en abril de 2010 se seleccionaron una docena de proyectos para la apertura de nuevas plantas de las que nada se sabe desde entonces, más allá de la autorización administrativa de alguna de ellas o el cambio de ubicación de otras. La reforma energética, que trajo al igual que en el caso de la eólica, un duro tijeretazo en las primas que cobraban las instalaciones, ayudó a mantener la parálisis que sufre el sector y en la que también es una importante amenaza la limitación de tamaño que existe en Galicia. No más de 10 megavatios (MW) de potencia. Un requisito, según los promotores, que las hace inviables con los ingresos a los que pueden acceder ahora.

Los criterios se remontan a 2008, en tiempos todavía del bipartito en San Caetano, con la entrada en vigor de un decreto para regular los permisos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la valoración energética de la biomasa forestal primaria en Galicia. Los estudios previos evidenciaron el potencial de Galicia, la primera comunidad en recurso disponible con casi un millón de toneladas al año. La previsión era lanzar entre ese ejercicio y 2012 un máximo de 80 MW a partir de la identificación en la región de varias zonas de interés para los emplazamientos en función de la cercanía a la materia prima y a los puntos de conexión al sistema eléctrico, una calificación urbanística compatible con la actividad y la disponibilidad de agua. La potencia máxima a solicitar, según señala explícitamente la norma, eran 10 MW.

Las primeras 48 propuestas para explotar una planta de biomasa en Galicia fueron rechazadas por el Ejecutivo autonómico en el arranque de la primera legislatura de los populares. La repetición de la puja dejó otros 12 beneficiarios con plantas de entre 0,984 MW y el tope de 10, entre los que están dos proyectos del grupo García Forestal, líder de la biomasa en la Península y uno de los ganadores de la reciente subasta renovable del Ministerio de Industria.

La compañía logró 50 MW en el reparto de la primera tanda de retribución específica -los pagos excepcionales que sustituyeron a las viejas primas- con la que el Gobierno rompió la moratoria de nueva potencia en las llamadas tecnologías verdes. Como ocurrió con el negocio del viento, los ofertantes ofrecieron descuentos muy importantes sobre la rentabilidad que el Ministerio de Industria puso sobre la mesa. El resultado del concurso fue también el mismo que con la eólica. Que esa retribución específica quedó en cero euros. Pero a diferencia de los parques de aerogeneradores, la biomasa cuenta con un extra a mayores de lo que le paga el mercado por su producción. Una retribución por la operación para cubrir los costes de la materia prima que, con los precios que las reglas de la subasta establecieron para la electricidad, permite a los adjudicatarios unos ingreso de alrededor de 105 euros por MW.

¿Cuál es el problema? El techo de potencia permitido por planta en Galicia. García Forestal, a través de su filial Renova, tiene esos 50 MW y su vocación es ponerlos en marcha aquí. Una situación casi idéntica a la de Ence, otra de las ganadoras de la subasta de retribución específica, con 40 MW para otra planta de biomasa. Las dos compañías, hoy por hoy, no podrían desarrollar sus proyectos en la comunidad.

En el caso de García Forestal, sus responsables han optado por iniciar en paralelo los trámites para ampliar la potencia de las dos plantas adjudicadas en 2010 en Galicia (Curtis y Vilalba), con 10 MW cada una; y las dos de las que disponen en Asturias, donde no hay un límite de potencia. "En el momento que haya que tomar una decisión, en función de cómo esté la tramitación, las autorizaciones y la rentabilidad de los proyectos, elegiremos la alternativa", cuenta Manuel García, presidente del grupo.

La inversión prevista por García Forestal ronda los 100 millones de euros y la planta necesita unos dos años para el montaje. La tramitación ronda los nueve meses. Es más corta que la de un parque eólico porque no requiere declaración de impacto ambiental. Basta, según García, con una autorización ambiental integrada. Pero la condición inicial es que en Galicia puedan superarse los 10 MW por central y después llegar a tiempo a los 48 meses que da de margen el Ministerio de Industria para que los beneficiarios de su subasta tengan las instalaciones en pie. De lo contrario, perderían el derecho y también las fianzas depositadas. Un millón de euros por parte de García Forestal.

El coto a la potencia es un problema hoy para García Forestal y Ence, pero lo es en general para el futuro del sector, como subraya Manuel García, máximo responsable también de la Asociación de Productores de Biomasa de Galicia y de la sección del sector dentro de la patronal nacional de renovables. ¿Por qué? Porque la subasta de Industria muestra el escenario que le espera a las plantas en cuanto a retribución. Nula o muy baja, por lo que las centrales pequeñas, que no puedan aprovecharse de las economías de escala están condenadas al fracaso. Lo que también explica que, seis años después, ninguna de esa docena de proyectos visados en Galicia vaya adelante.